Luego de la dictadura, la creciente democracia debía enfrentar una pesada herencia signada por una deuda externa de más de 40 mil millones de dólares. Una estructura industrial devastada, caída en los ingresos de los trabajadores, aumento del cuentapropismo, precarización, aumento de pobreza y concentración económica y del poder económico.
Dictadura Militar
Una de las medidas iniciales adoptadas por el gobierno militar fue la apertura de la economía, es decir, la apertura del mercado interno a la competencia exterior. En primer lugar, se redujeron los aranceles de importación. Esta medida se ejecutó en un marco de atraso cambiario, cuyo efecto fue el abaratamiento de las mercancías extranjeras, lo cual generó el ingreso a la Argentina de una avalancha de productos importados.
En segundo lugar, el gobierno militar implementó una reforma financiera que liberalizó el sistema bancario y el flujo de capitales. Esto trajo una gran abundancia de fondos, la cual generó una fuerte oleada especulativa. El mecanismo era simple: los bancos e inversores locales solicitaban un préstamo al exterior, los dólares recibidos eran cambiados a la moneda local en el mercado cambiario y colocados en el sistema financiero local, en el que las tasas de interés eran altas. Con las ganancias obtenidas, se solicitaban nuevos préstamos al exterior, reanudando la cadena. Esto cambió drásticamente cuando las tasas de interés internacionales se elevaron y se realizaron ajustes en el tipo de cambio. Entonces sucedieron las quiebras y estafas.
Los efectos de esta etapa económica fueron muy negativos para la Argentina. El auge de la importación de todo tipo de productos devastó la estructura industrial local, llevando a la quiebra a cientos de empresas locales y destruyendo miles de puestos de trabajo. El gobierno militar dispuso la devaluación del peso del 400% al mismo tiempo que la inflación llegaba a un 100% anual.
Muchas obras públicas fueron ejecutadas por contratistas privados, y algunas empresas del Estado privatizaron parte de sus actividades. Esto incluyó una subcontratación de tareas de búsqueda y explotación petrolera, de reparación de materiales y de las vías de los ferrocarriles, provisión de equipos telefónicos, recolección de residuos y el mantenimiento del alumbrado público en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de estas actividades se fue desarrollando un grupo de empresas contratistas del Estado.
Estos grupos económicos, integrantes del segmento de proveedores del Estado, conformaron la patria contratista. Eran empresarios muy cercanos al poder político que realizaban negocios con el Estado y sacaban grandes ganancias para ellos.
El endeudamiento externo: la mayor parte de esa deuda fue contraída por el sector privado, pero sin embargo, fue cuando Cavallo instrumentó mecanismos para que el Estado se hiciera cargo de esa deuda que había sido contraída por las empresas privadas.
El argumento para justificar esto fue que la importante gravitación que los cambios económicos producidos en el escenario interno y externo tuvieron sobre el sector privado.
Raúl Alfonsín
Raúl Alfonsín debió abandonar la presidencia cinco meses antes de la finalización de su mandato. Lo hizo en un marco de conflictividad política y social, caracterizado por la hiperinflación, el deterioro de los ingresos y dificultades para el acceso a las necesidades básicas de la mayor parte de la población.
Los desafíos planteados al inicio del nuevo gobierno dejaron un saldo deficitario en materia de desarrollo económico y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El gobierno subestimó la gravedad de las condiciones que heredaba y se confió en exceso en sus propias capacidades políticas para afrontar la situación.
Respecto por las libertades individuales, era necesario que diera cuenta de las profundas transformaciones que había dejado la dictadura militar.
Las políticas de promoción industrial y los subsidios otorgados de manera directa e indirecta permiten encontrar un margen de cierta continuidad con respecto de la política de la dictadura militar. Los resultados no se revirtieron: el proceso de desindustrialización continuó, no regresaron los capitales fugados durante la dictadura militar ni se generaron inversiones productivas de importancia.
El gobierno remitió al Congreso Nacional ejemplificar parte de la situación descripta. En 1987, los subsidios otorgados al sector privado ascendieron a una cifra próxima a los 4 mil millones de dólares, que equivale aproximadamente al 5% del PBI.
Del total de los subsidios pagados, aproximadamente la mitad fue destinado a los regímenes de promoción industrial, que solo sirvieron para que los capitanes de la industria invirtieran con una proporción cada vez menor de fondos propios.
Esos subsidios sirvieron para que algunos grupos económicos se modernizaran, pero no tuvieron impactos mayores sobre el resto de la economía. Como resultado, grupos económicos lograron expandir su producción para la exportación.
Los subsidios estatales no fueron la única fuente de recursos. Destaca la caída del costo salarial con la consiguiente redistribución del ingreso que se produjeron en estos años. Estos cambios comenzaron a gestarse en los tiempos del Plan Austral.
En este contexto general se produjo el crecimiento de la deuda externa, el estancamiento del producto bruto, la caída de la inversión y un significativo desmejoramiento de los indicadores sociales.
Los resultados que obtuvieron estos sectores empresarios durante esta década les permitieron alcanzar una muy buena posición para sobrellevar los cambios de corte neoliberal que se producirían ante las reformas estructurales implementadas durante la presidencia de Menem.
El PBI por habitante cayó casi un 22% entre 1980 y 1989. El PBI industrial por habitante un 24% entre 1980 y 1988.
También ha sido notable la caída de la inversión.
La participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo significativamente durante los años ochenta.
Al estancarse el producto bruto, se produjo una fuerte caída del petróleo bruto nacional por habitante.
El salario real exhibe una significativa depresión. Ya en 1984 el salario real promedio de la economía se encontraba en niveles inferiores a los de 1970. Tras la puesta en marcha del Plan Austral, se logró cierta recuperación. Pero tal situación resultó efímera.
El salario real manufacturero se deprimió tras la recuperación que había experimentado en 1984 luego de la reactivación que generó el programa de Grinspun. En la administración pública la caída del salario real fue notoria, tal vez la mayor en términos relativos. En las empresas estatales la contradicción salarial existió pero tuvo menor impacto que en la administración pública.
La reducción de los ingresos de los trabajadores evidencia el deterioro de sus condiciones de vida: el crecimiento del desempleo y el subempleo. Las cuentas del sector público evidenciaron ciertas dificultades. Los intentos por contener el déficit fiscal fueron de corto alcance.
El marco internacional no resultó favorable para Argentina durante los años del gobierno radical. Esto afectó el comercio exterior en tanto los términos del intercambio.
La evaluación de la tasa de inflación ha sido uno de los aspectos más traumáticos. Durante el primer año de gestión la inflación llegó al 1000% anual. La inflación de 1989 representó un hecho inédito en la historia argentina. El balance del período arroja resultados negativos en materia de desarrollo económico, crecimiento y mejora de las condiciones de vida de la población. Se acentuaron los problemas heredados de la dictadura militar.
El Gobierno de Menem y el Plan de Convertibilidad
El cierre de la década del ochenta encuentra a la estructura económica argentina con fuertes desequilibrios macroeconómicos y financieros.
El nuevo gobierno surgido de las elecciones de 1989 propuso cerrar tales desequilibrios y restablecer cuanto antes relaciones normales con los acreedores externos. Para ello implementó:
- Asociar su proyecto de política gubernamental con sectores económicos que le dieran aval y legitimidad ante la comunidad de negocios interna y el poder financiero internacional.
- Recomponer las vinculaciones con el conjunto de los acreedores y, de ese modo, asegurarse el ingreso de recursos frescos para alimentar el crecimiento económico.
- Atacar el proceso de desborde de precios de junio y julio de 1989 que superaba el 200% con todo lo que ello implicaba para los que poseían ingresos fijos. La meta del gobierno fue abatir el proceso inflacionario y devolver a los asalariados el poder adquisitivo de sus remuneraciones.
La nueva administración debía decidir qué camino tomar: reivindicar una posición consecuente con la tradición del partido político triunfante, que suponía rechazar la presión internacional que pretendía asegurar el estricto cumplimiento de la deuda externa.
La tarea fundamental del gobierno de Menem consistió en reanudar las negociaciones con el FMI para regularizar los pagos de los servicios de la deuda externa, interrumpida un año antes.
En el año 1989 se realizó un encuentro en la ciudad de Washington, cuyo resultado fue el Consenso de Washington. Promovido por el FMI y el Banco Mundial, contó con la asistencia de funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y de los ministros de finanzas de los países industrializados. Como resultado del encuentro se formularon recomendaciones del FMI.
Las recomendaciones expresadas en este documento, para orientar la gestión económico-social de los países endeudados, fueron tomadas al pie de la letra por la nueva administración. Pero para poner en marcha en forma integral tales medidas, habrían de pasar casi dos años, cuando se formaliza el Plan de Convertibilidad.
Este plan consistió en inmovilizar todos los plazos fijos que empresas y particulares tenían en bancos a fin de hacer frente a la creciente deuda interna que se había tornado explosiva por su magnitud y porque vencía en el corto plazo.
Hacia fines de 1990 reapareció la especulación con el dólar, lo que desató una nueva escalada de su precio y, por ende, provocó el resurgimiento de la hiperinflación, muy intensa en los primeros meses de 1991.
El paso inicial del modelo privatizador que se puso en marcha lo constituyó la licitación y posterior adjudicación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, y también Aerolíneas Argentinas. Estas dos empresas constituyeron un programa de reestructuración y ajuste económico que se lanza en marzo de 1991.
Además, era necesario establecer una nueva relación de credibilidad con la banca acreedora, que temía que en la Argentina se repitiese la cesación de pagos ocurrida en 1982 y 1988.
Así es como surgió entonces un plan económico llamado Plan de Convertibilidad, con el cual el gobierno de Menem halló una política económica mucho más estable.