Gastos del Estado

Innovaciones Corrientes: Son aquellos gastos habituales que realiza el sector público dentro de los gastos operativos. Se incluyen sueldos y compras de bienes y servicios. Los gastos financieros están referidos a los intereses y los gastos que se pagan por los préstamos recibidos. Los gastos de transferencia son aquellas erogaciones del Estado a favor de las empresas o personas y que no requieren una contraprestación (subsidios, becas). Las erogaciones del capital están referidas a personas reales o financieras, como compras de maquinarias, equipos, construcción de obras públicas y préstamos.

Al analizar los recursos que tiene un gobierno para cubrir la totalidad de sus gastos, debemos diferenciar entre los ingresos del sector público o ingresos y tesoros y los ingresos provenientes de las empresas públicas (tarifas).

Ingresos Corrientes

Están referidos al cobro de impuestos, tasas y contribuciones, en tanto que los de capital tienen que ver con créditos recibidos o con ingresos por la venta de bienes del Estado.

Impuestos

Son aportes que el Estado exige a los individuos de carácter obligatorio y sin tener contrapartida directa en bienes o servicios provistos por el Estado. Se establece en función de la capacidad contributiva que tenga el individuo.

Base Imponible: Monto que se toma como base para determinar el impuesto según la tasa que defina el Estado. Para calcular el monto a pagar de un impuesto se utiliza la fórmula: Unidad de impuestos a pagar = Tasa aplicable x Base imponible (T = E x BI).

Tipos de Impuestos:

• Directos: Gravan la propiedad, la riqueza y el ingreso. No son trasladables ya que se consumen totalmente cuando se pagan.
• Indirectos: Gravan el consumo y son trasladables, como el IVA. A través de créditos y débitos fiscales se traslada el impuesto hasta el consumidor final.
• Progresivos: Impactan proporcionalmente con mayor intensidad en quienes más recursos tienen.
• Regresivos: Tienen un impacto en la de menores ingresos.
• Proporcionales: Mantienen la misma proporción de impacto cualquiera sea el valor de la base imponible.

Aportes a la Contribución y a la Seguridad Social: Impuestos que se cobran o retienen sobre los recibos de sueldo en concepto de jubilaciones, obras sociales, aportes sindicales, etc.

Aranceles y Retenciones: Están referidos a los impuestos que se cobran sobre las operaciones de comercio exterior. Los productos que ingresan pagan aranceles para su nacionalización. Las retenciones son las que pagan los exportadores cuando envían productos al exterior.

Estructura Tributaria: Se refiere a la composición de los ingresos totales que tiene el Estado por los impuestos que cobra. Esta composición se puede alterar sin que varíen los ingresos totales.

Presión Tributaria: Significa la proporción del total de ingreso nacional o PBI que el Estado retiene en concepto de impuestos para el cumplimiento de sus necesidades. Lo normal es que los países más desarrollados tengan elevadas presiones tributarias y devuelvan a los contribuyentes buenos servicios, buena infraestructura, etc. Por este motivo, se supone que un país que tenga una elevada presión fiscal tiene un buen nivel de desarrollo.

La Empresa Pública

La diferencia entre el sector público y el sector privado se encuentra en los criterios de costo y beneficio. En las empresas públicas se resalta la recisión social y el costo social. En la empresa privada se procura maximizar el beneficio privado partiendo de la base del costo privado, que difiere en mucho del costo social. El beneficio en una empresa pública no puede medirse con los mismos parámetros del beneficio privado.

Estas empresas pueden obtener beneficios para aplicar a la reinversión productiva o bien obtener pérdidas o déficit. En el caso de la administración pública, deberá financiar este déficit a través de subsidios para que la empresa mantenga el mismo nivel de producción de bienes y servicios. Son los contribuyentes quienes, de sus impuestos, financian este déficit.

El criterio que prevalece es que las empresas públicas deben fijar tarifas remunerativas que permitan cubrir los costos de producción y poder generar, en lo posible, algún tipo de excedente para la reinversión.

En las empresas públicas se persigue el objetivo de mejorar la redistribución del ingreso entre la población, especialmente cuando se trate de un servicio público de consumo masivo que resulte indispensable para la población. En este caso, esta redistribución sería progresiva. Si bien este criterio parece razonable, se debe cuidar que el mismo no termine ocasionando una solución ineficiente si no podemos identificar con claridad quiénes son los beneficiarios o que la redistribución sea regresiva.

Presupuesto Público

El presupuesto público es una estimación de recursos y gastos que realiza el gobierno para un período futuro y determinado. El mismo debe ser aprobado por ley y, por eso, es un compromiso del poder público en relación con sus usos y fuentes de fondos para financiar su actividad. Es una autorización que el Congreso Nacional otorga al poder Ejecutivo para generar recursos y utilizarlos. Lo elabora el poder Ejecutivo, lo aprueba el poder Legislativo y, finalmente, lo ejecuta el poder Ejecutivo.

Siempre se procura que el presupuesto esté equilibrado, lo que significa que los ingresos estimados alcancen para cubrir la totalidad de los gastos previstos. Es frecuente que existan desequilibrios. A partir del auge de las ideas keynesianas, no se toma con mucha preocupación el problema del déficit presupuestario. Se interpreta que el Estado debe gastar todo lo necesario para cumplir con sus fines superiores.

Es importante destacar que los superávit presupuestarios tampoco son deseados, ya que significa que se ha exigido a los contribuyentes un esfuerzo mayor al necesario para financiar los gastos previstos por el gobierno.

Cuando se producen desequilibrios, el Estado debe financiarlos por alguna vía. Los caminos más usuales son la emisión de letras, títulos, certificados de cancelación de deudas, etc. Pueden ser de cancelación en el corto plazo (un año), en el mediano plazo (de uno a cinco años) o de largo plazo (más de cinco años). La deuda pública que contrae el Estado puede ser interna (dentro del país) o externa (fuera del país), ya sea con particulares cuando emite bonos.