Enfoques Teóricos Respecto a la Intervención del Sector Público
Como se ha indicado en el apartado anterior, el punto de vista aportado por la síntesis “keynesiano-neoclásica” (recogido de manera generalizada en los textos académicos de Hacienda Pública) ha sido objeto de críticas y de elaboraciones alternativas, tanto desde posiciones conservadoras como de otras situadas en la izquierda del espectro ideológico. Por lo que respecta a los enfoques que pueden ser calificados de conservadores, se orientan a demostrar que la actividad del Estado en las últimas décadas –principalmente a raíz de la aplicación de políticas keynesianas– llega a ser excesiva e ineficiente, por lo cual es necesario reducirla.
Teóricos del Estado Mínimo
Entre los teóricos del Estado Mínimo puede hacerse referencia a Friedrich A. von Hayek, pensador liberal que considera que la intervención del Estado debe limitarse a las funciones básicas de seguridad, defensa, provisión de infraestructuras, educación y salud, delegando cualquier otra actividad en el sector privado. Otro representante destacado de esta línea de pensamiento es Robert Nozick que, desde un punto de vista próximo al anarquismo, defiende también una intervención mínima del Estado: “Un Estado mínimo, limitado a las funciones de protección contra la violencia, el robo, el fraude…”
Escuela Monetarista
Otra escuela de pensamiento en una línea similar es la Monetarista, cuyo representante más destacado es Milton Friedman, y que suele identificarse con la Escuela de Chicago, aunque su alcance es bastante más amplio. Los economistas de la escuela de Chicago defienden que, aparte de las funciones clásicas de defensa, orden y justicia, el Estado debe circunscribir su actuación a facilitar medios de pago en la economía, de ahí su nombre.
Economía del Lado de la Oferta
También defienden una menor intervención pública los autores de la que se conoce como Economía del Lado de la Oferta o “supply-side economics”, cuyos representantes principales son R. Mundell, A. Laffer y J. Wanniski. Los autores de esta escuela consideran que se puede conseguir un mayor crecimiento y eficiencia económica disminuyendo las barreras para los agentes que producen bienes y servicios, mediante la reducción de cargas fiscales y flexibilizando las condiciones de actuación mediante la desregulación. De este modo, los consumidores se beneficiarán de una mayor oferta de bienes y servicios a menores precios y la economía alcanzará niveles más elevados de producción y de empleo. En definitiva, defienden menores impuestos, menos intervención del Estado en la economía y una regulación mínima de la actividad económica.
Escuela de las Expectativas Racionales
Por su parte, los economistas de la que se conoce como escuela de las “Expectativas Racionales”, cuyos principales representantes son R. Lucas y T. Sargent, critican la intervención del Estado, especialmente en la que se ha definido como función de estabilización, ya que, desde su interpretación, en un entorno económico con agentes que operen siguiendo expectativas y comportamientos racionales, las intervenciones del Estado con objetivo anticíclico, si son anticipadas por los agentes, no tendrán ningún efecto relevante –ya que estos adaptarán sus decisiones a ellas– y, en caso contrario, provocarán distorsiones y desajustes al incidir desfavorablemente en la toma de decisiones de esos agentes (productores y consumidores).
Escuela de la Elección Pública (Public Choice)
En una línea similar, una de las corrientes que ha alcanzado una mayor influencia y difusión, es la conocida como escuela de la “Public Choice”, o de la elección pública. La teoría de la “Public Choice” toma en consideración el hecho de que las acciones económicas se encuentran estrechamente interrelacionadas con el marco social en el que se desarrollan, del mismo modo que las decisiones políticas obedecen con frecuencia a motivos económicos. Por lo tanto, considera que se ha de analizar y tener en cuenta la forma en la que interactúan ambos aspectos. Igualmente, para valorar adecuadamente la combinación óptima de los dos segmentos que integran una economía mixta –el sector público y el privado– se ha de hacer un análisis lo más neutral posible de las ventajas y los inconvenientes de la asignación pública, de la misma forma que de la asignación mediante los mecanismos de mercado. Por ello, esta escuela considera necesario, como punto de partida, valorar las reglas que rigen el proceso de toma de decisiones públicas y la actuación de los agentes que intervienen en él. Así, pone énfasis en el papel que juegan los sistemas de representación y de votación, que en ocasiones dan lugar a contradicciones o ineficiencias por los criterios de agregación de los resultados o por el voto estratégico.
Desde el punto de vista de la evolución del gasto público –que constituye uno de los ejes centrales de su desarrollo analítico– consideran que la tendencia que deriva de los procesos de toma de decisiones es la de impulsar un crecimiento sostenido de este gasto, dando lugar a un exceso de oferta de servicios públicos y a una actuación excesiva del sector público, como resultado de la interacción entre los grupos que participan en los procesos de decisión.
De acuerdo con esto, la escuela de la elección pública estudia el comportamiento de los agentes en función de sus intereses de grupo, diferenciando diversos comportamientos según la posición de los individuos en el proceso de toma de decisiones en el ámbito político y tomando en consideración aquellos aspectos o factores que, según esta interpretación, influyen en mayor medida en cada caso. No es ocioso señalar que esta segmentación en grupos representa una clara ruptura con cualquier enfoque que analice las conductas de los agentes sociales en función de criterios de pertenencia a clases sociales.
Siguiendo estos planteamientos, se diferencia el comportamiento de los grupos siguientes:
- Punto de vista de los votantes
- Costos para la minoría: Los votantes que imponen un programa de gobierno valoran aquél que tiene menores costos para ellos (en la medida que son más del 51% de los participantes), pero no tomarán en consideración los costes que pueden recaer sobre los restantes votantes, que pueden resultar perjudicados por el programa.
- Ilusión fiscal: Cuando los electores votan por programas que comportan un crecimiento del gasto público (indirectamente: pensiones o ayudas, servicios públicos, mejoras del poder adquisitivo, etc.) raras veces son conscientes de que habrán de asumir por alguna vía los costes que se derivan de ello. Este tipo de efecto resulta más claro en los casos en los que la carga fiscal es menos perceptible (así, es mucho más visible un aumento de la presión fiscal en los impuestos sobre la renta o el patrimonio que en la imposición indirecta).
- Financiación del déficit: Si una parte del gasto se transforma en déficit público, los votantes tienden a no tener en cuenta el coste futuro que representa la carga de la deuda pública.
- El voto de los funcionarios públicos, en general, tiende a favorecer el aumento del gasto público.
- Punto de vista de los empleados públicos (burócratas): Esta teoría considera que el objetivo de los burócratas –funcionarios públicos con capacidad de decisión sobre los presupuestos– es el de maximizar el tamaño de su departamento y los recursos materiales y humanos que gestionan, incrementando así su remuneración y su influencia.
- Punto de vista de los políticos: El comportamiento de los políticos se asume que se dirige a conseguir maximizar el número de votos, para mantenerse el mayor tiempo posible en el ejercicio del poder. Para conseguirlo han de proponer una provisión de servicios públicos que se ajuste a los deseos de sus votantes, aunque, en términos generales, los políticos tenderán a presentar programas lo más amplios posibles que les proporcionen mayores posibilidades de satisfacer conjuntos amplios de población y, de esta forma, obtener una mayoría electoral. Por esa misma razón, los políticos intentarán incidir en el ciclo político de acuerdo con su conveniencia a efectos electorales, de forma que los momentos de mayor bonanza económica y de aumento de los servicios públicos coincidan con las épocas de elecciones.
La teoría de la elección pública nos dice también que en las decisiones políticas influyen de forma destacada aquellos grupos de presión con mayor capacidad de presencia en los medios de comunicación, mayor potencial de movilización de personas o de incidencia sobre la vida colectiva, por encima de su grado de representatividad social (es decir, la cantidad de individuos que representan). Las soluciones que se apuntan desde la escuela de la elección pública para atajar esta tendencia van en dos direcciones:
- Limitar el aumento del gasto público, si es necesario mediante vías legales e incluso por vía constitucional.
- Incluir las preferencias del mayor número posible de votantes en las decisiones políticas que se adoptan, mediante mejoras en la representatividad política y avanzando en la posibilidad de obtener posiciones ampliamente mayoritarias.
Teoría de la Crisis Fiscal del Estado
La Teoría de la Crisis Fiscal del Estado (James O’Connor), constituye una interpretación reciente en esta línea. De acuerdo con ella, el Estado, además de controlar el orden social por medio de actuaciones represivas, utiliza las transferencias y los servicios sociales como procedimiento para evitar reacciones violentas y garantizar una paz social inestable. A este respecto, el citado autor señala: “los seguros sociales, las ayudas del estado en general, son un resultado de los avances del capitalismo monopolista, dado que, por una parte, son un mecanismo de legitimación que trata de amortiguar los desequilibrios producidos por la acumulación capitalista; y, por otra, intentan crear una sensación de mayor seguridad económica entre los trabajadores. Esto, a su vez, contribuye a mejorar las relaciones entre los trabajadores y la dirección de sus empresas, factor indispensable para la acumulación de capital y el incremento de la producción. De este modo, la finalidad última de la Seguridad Social es el crecimiento de la productividad, la producción y los beneficios. En resumen, visto de esta forma, el seguro social no es un seguro para los trabajadores, sino una especie de seguro para los capitalistas y para las grandes compañías.”
Igualmente, el Estado actúa en apoyo de la acumulación capitalista privada haciéndose cargo de determinados gastos de gran envergadura (como la investigación científica o las grandes infraestructuras económicas) y socializando algunas pérdidas –como pueden ser las generadas por reconversiones sectoriales o cierres de fábricas– y algunos servicios. Como resultado, el Estado entra en crisis por las necesidades crecientes de gasto y las dificultades para conseguir un aumento paralelo de los ingresos y por los problemas para incrementarlos sin que se desincentiven las inversiones y se ralentice el crecimiento económico. Por otra parte, esta teoría pone énfasis en el hecho de que el paro en las últimas crisis económicas tiene un origen estructural, con lo cual las políticas keynesianas resultan ineficaces para combatirlo.