La política económica, también economía aplicada o economía normativa— es el conjunto de estrategias y acciones que formulan los gobiernos y en general el Estado para conducir e influir sobre la economía de los países. Esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos. La política económica comprende también a la ciencia económica encargada del estudio de esta rama de la actividad estatal.

La política económica es la intervención del Estado a través de estrategias, planes, inversión pública, concientización de las masas, legislación y otros instrumentos en una economía.

En general, la intervención del Estado se puede dar de muchas formas, pero fundamentalmente tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etc., o de prohibir o limitar las acciones de estos sujetos.

No cabe duda que la política económica es el argumento fundamental del Estado para justificar la función reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que poseen economías modernas; fijando las políticas impositivas, monetarias y cambiarias, así como diseñando las reglas del juego; permitiendo que el mercado actúe libremente pero respetando estas reglas.

A partir de 1999, se plantea un cambio radical en Venezuela hacia un Estado Socialista quien tuvo un enorme poder económico y político a su discreción sin ningún otro poder público que haga contrapeso.

Las ideas centrales de este proyecto se han ido exponiendo en el tiempo pasando desde un discurso nacionalista y de redención social de los pobres -según el cual Venezuela es un país rico por ser petrolero y los problemas de pobreza y desigualdad social son el producto de un Estado y de gobiernos que aliados con la oligarquía se apropiaron de la renta petrolera y entregaron la soberanía política y económica al imperialismo- hasta un discurso abiertamente en contra de la iniciativa y la propiedad privada, el cual plantea que la economía de mercado y la democracia representativa son los responsables de todos los males e injusticias tanto en Venezuela como en el mundo.

La agenda política domina y determina todos los aspectos de la actividad socio-económica del país (Centralización, estatización, colectivización, expropiaciones, invasiones, adoctrinamiento, movilización de simpatizantes y uso-dominio de todos los medios de comunicación social).

Venezuela durante los últimos años mantiene la petroeconomía rentista (que no crea riqueza) que acentúa la dependencia del país a los vaivenes del mercado internacional y de la voluntad del presidente.

Se acentúa el dominio del Estado como ente regulador y proveedor de bienes- servicios (Pero de manera ineficiente y desorganizada). Los medios de producción y explotación de recursos naturales son monopolio del Estado-Gobierno. Se limitan drásticamente los derechos económicos y de propiedad en sintonía con dogmas Marxistas (Ilusión de propiedad colectiva).

El problema de nuestro país es, por una parte, de redistribución de la renta petrolera hacia los pobres y no de creación de nuevas fuentes de riqueza y de oportunidades de acceso a la misma; y por la otra, la sustitución del modelo político-económico de un Estado con una democracia representativa y una economía basada en la propiedad privada, por un nuevo modelo fundamentado en un Estado y una economía socialista.

Para transitar desde la economía de mercado hacia el socialismo, se requiere un largo período histórico y para ello es imprescindible cumplir con tres condiciones esenciales: 

Perpetuar en el poder al líder de la revolución, para lo cual debía 

Concentrar el control de todos los poderes públicos en manos del presidente, para garantizar que no tenga contrapeso institucional alguno al momento de ejecutar un proyecto claramente contrario y reñido con la Constitución vigente, e iniciar la construcción de un Estado paralelo con una nueva institucionalidad socialista. 

Es avanzar progresivamente en la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción sustituyéndola por la propiedad estatal y comunal.

Dado el rol hegemónico que el Estado debe cumplir en el nuevo modelo, se ha impuesto un esquema de funcionamiento de la economía en el cual el Poder Ejecutivo controla de manera centralizada la renta petrolera, al decidir cuántos dólares de las exportaciones serán vendidos al BCV para formar parte de las reservas internacionales de la nación. 

La diferencia se desvía hacia lo que ha sido denominado por el propio gobierno una “nueva institucionalidad financiera” constituida por fondos parafiscales que son gastados discrecionalmente y sin control alguno por parte del presidente.

El gobierno controla, a su vez, el tipo de cambio a través de un sistema dual en el que rigen dos precios oficiales para el dólar: el que administra el Ministerio de Planificación y Finanzas a través de CADIVI; y el SICAD, manejado por el BCV. Entre tanto, se forma un mercado negro del dólar con una tasa sensiblemente depreciada.

La naturaleza antiempresarial del proyecto político determina que el gasto público, financiado con la renta petrolera, emisión monetaria por parte del BCV y endeudamiento de la República, además de ser un instrumento para crear una base de apoyo clientelar por los programas sociales, sea el único motor para propiciar el crecimiento de la economía. El gasto fiscal también debe recoger los costos asociados al desmontaje del aparato productivo privado destinando recursos al pago de expropiaciones de empresas, nómina de trabajadores absorbidos de las mismas, importación de alimentos por caída de la producción, transferencia de fondos a empresas estatizadas para su funcionamiento, creación de numerosos ministerios concebidos para ejecutar el proyecto político, entre otros. Las finanzas públicas quedan sometidas así a una dinámica voraz de gasto que supera con creces los ingresos fiscales, forzando al gobierno a un creciente endeudamiento. 

La expansión desmedida del gasto público con la consiguiente expansión monetaria en el marco de la fijación del tipo de cambio, genera no sólo un incremento de la demanda interna, fundamentalmente de consumo público y privado, sino también severas presiones inflacionarias, una fuerte apreciación real del bolívar y un aumento sin precedentes de las importaciones.

La política económica y sus distintos instrumentos en el plano fiscal, monetario, cambiario y comercial así como las políticas sectoriales, industrial y agrícola pasan a ser entonces herramientas al servicio de la construcción de un Estado y de una economía socialista, y no un medio para crear las condiciones que favorezcan una mayor generación de riqueza y de oportunidades para el progreso. De esta forma, tanto el control de cambio como el de precios juegan su rol al ser piezas para el control de la actividad empresarial privada y para facilitar el desmontaje del sector privado y consolidar la hegemonía económica del Estado.

La ejecución de un proyecto político como el antes descrito tenía que tener, como en efecto lo ha tenido, un altísimo costo para el país no sólo económico sino también social, institucional, ético y moral. Aparte de la vulnerabilidad que hoy exhibe el país por su exacerbada dependencia del petróleo, el destino de Venezuela luce seriamente comprometido por la acumulación de desequilibrios que presenta la economía, agobiada por un insostenible déficit fiscal, disminución de las reservas internacionales, fuertes tensiones inflacionarias, escasez de bienes, acentuada apreciación del tipo de cambio real, alta dependencia de las importaciones, baja inversión e incapacidad para generar empleos productivos.

Algunos impactos de las políticas económicas en el mercado venezolano son:

Destrucción de la economía privada

Disminución significativa de la inversión privada y de la capacidad industrial productiva (Estado- Gobierno no tiene capacidad para sustituir los productos y servicios eliminados o confiscados). 

Control cambiario, control de precios, 

Control de salarios

Excesiva permisologia y excesivas cargas fiscales y tributarias (Generando inflación, corrupción en manejo de suministro-controles y desabastecimiento)

Disminuye productividad de empresas estatizadas y calidad de productos y servicios. 

Aumento conflictividad laboral (No se conocen los resultados económicos de experiencias de cogestión social de empresas del estado, pero en el caso de las industrias del cemento y el hierro hay escasez).

Los hechos revelan fehacientemente que quien sabotea la economía es la elite política que durante 14 años se ha mantenido en el poder ejecutando de manera terca e irresponsable un modelo político-económico retrógrado que donde quiera que se ha aplicado, siendo la Cuba comunista el mejor espejo en América Latina, sólo ha producido como resultado destrucción de la producción y de la productividad, inflación, escasez y racionamiento, desempleo masivo encubierto, salarios miserables, expulsión de la inversión nacional y extranjera, quiebra de empresas estatales, hipertrofia del Estado, hambre y ruina económica, hundiendo en la pobreza, el atraso y la miseria, a los pueblos que demagógicamente dicen representar y defender. 

Acusar a los empresarios y a los consumidores de ser los responsables de la inflación y la escasez, por especular y acaparar los primeros, y por hacer “compras nerviosas” los segundos, es un argumento engañoso y manipulador. La teoría y la práctica económica confirman que el responsable único de la inflación en cualquier país del mundo es siempre el gobierno al hacer un manejo populista e insensato de la política fiscal, monetaria, y cambiaria, y al crear controles y excesivas regulaciones que entorpecen y en algunos casos asfixian a la actividad productiva privada. 

Este es el caso típico de Venezuela. La inflación y la escasez han sido y son provocadas por un gobierno que ha mantenido una política voraz de gasto público por encima de los ingresos ordinarios, que ha llegado al extremo de financiarlo en coyunturas electorales como en el 2012, con la creación de dinero por parte del BCV ocasionando una expansión desordenada y desproporcionada de la masa monetaria en circulación, induciendo por esta vía a un incremento del consumo y a una mayor demanda de dólares, mientras por otro lado el gobierno aplica controles de precios y de cambio y restricciones de todo tipo a la empresa privada, provocando una caída en la producción interna y, consiguientemente, una brecha cada vez mayor entre la oferta y la demanda de bienes que obliga a ser llenada mediante importaciones crecientes. La consecuencia es permanentes presiones inflacionarias que se potencian en la medida que las reservas internacionales son insuficientes para mantener una tasa creciente de importaciones de bienes e insumos, así como para financiar una política internacional de ganar aliados para la revolución suscribiendo negocios favorables a otros países como ocurre con Cuba. 

COMO INFLUYE EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES TALES COMO EL LEY DE PRECIOS Y COSTOS EN EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

Muchos especialistas en desarrollo social, económico y político, han venido insistiendo en los últimos tiempos que el futuro de los países en vía de desarrollo, como Venezuela; está en el sector productivo de la pequeña y mediana industria, que es el segmento en donde se emplea el mayor número de personas tanto calificadas, como operarios generales, los cuales en cualquier nación garantizan el producto, bien o servicio final de alta calidad con miras a que los mismos sean competitivos en el complejo mundo globalizado actual. Ejemplo de esta afirmación la tenemos con los países del eje Asia-Pacífico. El caso de Taiwán es esencialmente interesante para las economías en vías de transformación, por cuanto después de la II Guerra Mundial, era aún una economía básicamente agrícola, hoy día es una nación con una altísima participación de la pequeña y mediana industria (PMI). Definida como empresas con un capital pagado de 1.6 millones de dólares, un promedio de 200 trabajadores y/o con una producción anual al millón de dólares. La PMI en Taiwán representa el 97.2% de la producción, con cerca de más de 795.000 centros empleadores. Ese país, se caracteriza por ser un exportador intensivo en el uso de tecnología, con un crecimiento sostenido de 8.7% en los últimos treinta años. No es el país que más rápido ha crecido, pero sí es el que más estabilidad ha logrado en su crecimiento. 

Venezuela iba por ese camino en las tres últimas décadas del siglo pasado, pero a finales del mismo y al inicio del presente, ha habido una gran hecatombe en el entorno del mundo empresarial venezolano. 

El segmento productivo venezolano, concretamente la PYME, en los últimos cinco años ha estado amenazado por muchas decisiones gubernamentales adoptadas en forma unilateral y, hasta cierto punto intransigentes. Entre dichas decisiones se mencionan las siguientes: Control de Cambios, Ley Penal Cambiaria, Control de Precios, Reforma a la Ley Orgánica de Trabajo, Inamovilidad Laboral, Legislación de la Seguridad Social, Permisos Fitosanitarios, Licencias de Importación, Verificadoras, Reforma del IVA, Importaciones Masivas y Exoneración de Aranceles, Mercal, Desarticulación de PDVSA, Adjudicaciones Directas, Re-Estructuración del SENIAT, Nuevo Presidente del INCE, Creación de Gremios Paralelos, Ley Orgánica de la Nación, Amenaza de Cogestión, Invasión, Terrorismo e Inseguridad, entre otras.

Estas decisiones unilaterales gubernamentales han traído como consecuencia la paralización y destrucción del aparato productivo nacional, aumento de la informalidad, el desempleo y la pobreza, amenazas a la propiedad privada y al ejercicio de la libertad económica. Por ejemplo la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que entró en vigencia desde diciembre de 2002 y tiene consecuencias importantes en relación con la supresión del derecho al libre ejercicio de la libertad económica y la garantía a la propiedad privada, en la medida que confiere amplias facultades al Presidente de la República para intervenir tanto la propiedad como el manejo del aparato productivo privado del país.

Siendo los cinco principales problemas del sector productivo los siguientes: 

1º) dificultad al acceso a divisas

2º) poca materias primas

3º) baja en la demanda

4º) la situación política reinante

5º) baja rentabilidad.

Recomendaciones

En materia económica y cambiaria:

Revisión general de los precios de bienes y servicios

Eliminación gradual de los controles y regulaciones de precios 

Eliminación gradual del control de cambios 

Reducir el tiempo de emisión de las AAD (AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS IMPORTACIONES) y ALD (AUTORIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A LAS IMPORTACIONES)

CADIVI: Reinstaurar las reuniones, e implantar un sistema informático para tramitar solvencias

En materia tributaria y fiscal:

Eliminar impacto negativo de las exenciones del IVA 

Reducir la retención que hacen los contribuyentes especiales y el lapso de su reintegro 

Reducir el plazo de reintegro de excedentes a exportadores 

Acelerar la devolución de impuestos aduaneros a exportadores 

Intensificar el control de ilícitos y falsificación