El Papel del Estado en la Economía

El Nuevo Consenso

Las diferencias de opinión sobre el papel económico del Estado, con todo lo importantes que son, son mucho menores que hace cien años, en que los socialistas eran partidarios de que el Estado desempeñara un papel dominante y los economistas del laissez faire eran partidarios de que no desempeñara papel alguno. La visión actual del papel del Estado se ha traducido en dos iniciativas: la liberalización y la privatización.

La primera, iniciada en Estados Unidos durante la Administración de Carter, redujo el papel del Estado en la regulación de la economía. Por ejemplo, se dejó de regular los precios de las compañías aéreas y del transporte de larga distancia por carretera. Aunque los presidentes Bush y Reagan criticaron las reglamentaciones impuestas a las empresas, estas continúan aumentando, debido en parte al creciente reconocimiento de los fallos del mercado, como los relacionados con el medio ambiente y la estabilidad del sistema bancario. El Congreso demócrata de los EE. UU., temiendo que una administración recalcitrante se negara a aplicar las leyes, se dedicó a aprobar medidas legislativas que redujeran la discrecionalidad del poder ejecutivo.

La Administración de Clinton buscó un equilibrio: aunque reconocía que en muchos ámbitos la regulación era necesaria, también reconocía que muchas reglamentaciones eran excesivamente onerosas, que sus beneficios eran menores que sus costes y que podía haber soluciones más eficaces para lograr los objetivos deseados. Se introdujeron grandes reformas en sectores como la banca, las telecomunicaciones y la electricidad. En algunos de ellos, como las telecomunicaciones, quedó patente que las posibilidades de aumentar la competencia eran mucho mayores de lo que se pensaba. También se introdujeron reformas parecidas en todo el mundo.

En algunos casos, parece que el entusiasmo por la liberalización fue demasiado lejos. La crisis económica del este asiático de 1997 —al igual que el descalabro de las cajas de ahorro en Estados Unidos, que costó a los contribuyentes miles y miles de millones de dólares, diez años antes— puso de manifiesto la importancia de la regulación de los mercados financieros.

La segunda iniciativa, la privatización, pretendía transferir al sector privado actividades que antes realizaba el Estado. El proceso de privatización fue mucho más importante en Europa, donde se privatizó el teléfono, los ferrocarriles, las líneas aéreas y las empresas de servicios públicos. En Estados Unidos, como el Estado gestionaba pocas empresas, el margen para la privatización era mucho menor.

Tal vez la privatización más importante y controvertida fue la de United States Enrichment Corporation, organismo público responsable del uranio enriquecido (el uranio poco enriquecido se utiliza en las centrales de energía nuclear y el uranio muy enriquecido se emplea para fabricar bombas atómicas, y ambos se fabrican siguiendo el mismo proceso y en las mismas plantas). La privatización, que se aprobó en 1997 y culminó en 1998, tuvo profundas consecuencias para la seguridad nacional de Estados Unidos. Por ejemplo, complicó los debates sobre desarme nuclear debido a los conflictos de intereses entre las empresas privatizadas y la seguridad nacional. Muchos pensaban que esta privatización era un ejemplo del descontrol inducido por la ideología de la privatización: el Gobierno había perdido el sentido del equilibrio entre el sector privado y el sector público que es necesario para que una economía mixta funcione.

Bienes Públicos

Existen algunos bienes que, o no son suministrados por el mercado o, si lo son, la cantidad suministrada es insuficiente. Un ejemplo a gran escala es la defensa nacional, y otro a pequeña escala, las ayudas a la navegación (como las boyas luminosas). Estos son los llamados bienes públicos puros, que tienen dos propiedades básicas:

• En primer lugar, no cuesta nada que otra persona más disfrute de sus ventajas. Formalmente, el hecho de que un individuo adicional disfrute del bien tiene un coste marginal nulo. No cuesta más defender a un país de un millón y una personas que defender a uno de un millón. Los costes de un faro no dependen del número de barcos que pasen por sus cercanías.
• En segundo lugar, en general es difícil o imposible impedir que se disfrute de un bien público puro. Si colocamos un faro en una zona rocosa para que nuestros barcos puedan navegar sin peligro, es difícil o imposible impedir que lo utilicen otros que naveguen por esa zona. Si nuestra política de defensa nacional consigue evitar un ataque de otro país, todo el mundo se beneficia; no es posible excluir a ninguna persona de estos beneficios.

El mercado, o bien no suministra los bienes públicos puros, o bien no los suministra en una cantidad suficiente. Consideremos el caso del faro. Una gran compañía naviera que tuviera muchos barcos que utilizaran el faro quizás estimase que los beneficios que le reporta este faro son superiores a los costes; sin embargo, a la hora de ver si le convendría o no instalar faros y, en caso afirmativo, cuántos, analizaría los beneficios que le reportaría a ella y no los que reportaría a otras compañías. Por lo tanto, habría algunos faros cuyos beneficios totales (teniendo en cuenta todos los barcos que los utilizarían) serían superiores a los costes, pero cuyos beneficios para una única naviera serían menores que los costes. Esos faros no se instalarían, por lo que su número sería demasiado pequeño. El hecho de que los mercados privados no suministren bienes públicos o suministren demasiado pocos justifica muchas de las actividades del Estado.

Una persona que deja que otras paguen al tiempo que disfruta de los beneficios se conoce como free rider o usuario que no paga. Algunas personas piensan que el problema del usuario que no paga conduce necesariamente a niveles ineficientes de bienes públicos y que, por ello, la eficiencia requiere que la provisión de tales bienes sea pública. Se considera que el Estado puede, de alguna manera, averiguar las verdaderas preferencias de cada persona y, a continuación, utilizar su poder coactivo para obligar a que todos financien los bienes públicos. Si esto fuera posible, el Estado podría evitar el problema del usuario que no paga y asegurar que la provisión de bienes públicos fuera óptima.

Debe hacerse hincapié en que la existencia de usuarios que no pagan no es un hecho, sino una implicación de la hipótesis de que las personas maximizan una función de utilidad que depende exclusivamente de su propio consumo de bienes. Para contrastarla, podemos encontrar ejemplos de bienes públicos que no son provistos porque la gente no manifiesta sus preferencias. Los resultados de un experimento realizado por Palfrey y Prisbrey contradicen la teoría de que el comportamiento free rider conduce a que no se produzca o a que se produzca una cantidad insignificante de bien público. Dos resultados adicionales importantes son que, a medida que el juego se repetía, se reducía la probabilidad de las contribuciones voluntarias, y que su proporción disminuía si se elevaba su coste de oportunidad.