4) Tamaño y Composición del Sector Público

Dado que la influencia del Estado en la economía privada depende de su política reguladora y tributaria, así como de sus gastos, una sola cifra no puede indicar exactamente su influencia en la economía. No obstante, uno de los indicadores que resulta especialmente cómodo a los economistas es la magnitud del gasto público en relación con el conjunto de la economía. Un indicador habitual de la dimensión del conjunto de la economía es el producto interior bruto (PIB), que es una medida del valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía durante un determinado año.

En los países industrializados, el sector público es hoy mucho mayor que hace cien años.

• En los últimos cincuenta años, el gasto público en porcentaje del PIB ha crecido rápidamente. En 1940, en Estados Unidos representaba un 10% del PIB y en 1997 un 31%.
• El crecimiento del gasto en seguridad social y en pago de intereses explica en gran parte el aumento que ha experimentado el gasto público desde 1950 en la mayoría de países industrializados.
• El tamaño del Estado en relación con la economía es mucho menor en Estados Unidos que en la mayoría de los países europeos.
• En Estados Unidos, las tres grandes partidas del gasto público son defensa, seguridad social y educación. En 1996, representaron conjuntamente el 65% del gasto público.

Externalidades: Soluciones Públicas con Impuestos

Incluso cuando los propios mercados no asignan eficientemente los recursos, los economistas tienden a creer que es posible utilizar mecanismos basados en el mercado para conseguir una conducta eficiente.

Multas e Impuestos

La solución basada en el mercado más sencilla consiste en cobrar tasas o impuestos proporcionales a la cantidad de contaminación emitida. Generalmente, siempre que hay una externalidad, existe una diferencia entre el coste social y el privado y entre el beneficio social y el privado. Una multa o un impuesto bien calculados muestran al individuo o a la empresa los verdaderos costes y beneficios sociales de sus actos. Este tipo de multas destinadas a igualar los costes privados marginales y los costes sociales marginales, por una parte, y los beneficios privados marginales y los beneficios sociales marginales, por otra, se denominan impuestos correctores o a veces impuestos pigouvianos. Consideremos el ejemplo de una acería que contamina el aire. A la empresa solo le preocupaban sus costes marginales privados y no los costes marginales sociales; la producción de acero es excesiva. Cobrándole una cantidad igual al coste marginal de la contaminación, se igualaran los costes privados marginales y los costes sociales marginales. En el gráfico hemos supuesto que la cantidad de contaminación es proporcional al nivel de producción y el coste marginal de cada unidad es fijo; por lo tanto, imponiendo una multa fija por unidad de producción, igual al coste social marginal de la contaminación, se induciría a la empresa a producir la cantidad socialmente eficiente. La distancia EA de la figura representa el impuesto sobre la contaminación por unidad producida, y el área EABC la cuantía total de los impuestos pagados por contaminar.

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Las multas relacionadas directamente con la cantidad de contaminación garantizan que las empresas reducirán la contaminación de la forma menos costosa, lo más eficiente posible.

Externalidades: Soluciones Públicas, Subvención y Regulación

Subvenciones para la Reducción de la Contaminación

Dado que es probable que un fabricante apenas se beneficie directamente de la reducción de la contaminación (esta beneficia principalmente a las personas que viven cerca de la fábrica), si no se imponen multas por contaminación, tiene pocos incentivos para gastar dinero en su reducción.

Desde el punto de vista social, la empresa realizaría por iniciativa propia un gasto demasiado pequeño en paliar la contaminación. El Estado, en lugar de gravar la contaminación, podría subvencionar los gastos que se efectuaran para reducirla. Concediendo una subvención igual a la diferencia entre el beneficio social marginal de la reducción de la contaminación y el beneficio privado marginal de la empresa, podría lograrse el nivel eficiente de gasto en la reducción de la contaminación, como muestra el gráfico 2 (obsérvese que el coste marginal de la contaminación representado en el gráfico 2 está relacionado directamente con el beneficio marginal; mientras que en el gráfico 1 hemos supuesto que el coste social marginal de la contaminación era fijo y, por lo tanto, que el beneficio social marginal de su eliminación también lo era, en el gráfico 2, al disminuir la contaminación, disminuye el beneficio social marginal de su eliminación; asimismo, en el gráfico 1 hemos supuesto que los costes de la reducción de la contaminación son crecientes, mientras que en el gráfico 2 son constantes; en una situación real, puede darse cualquiera de los dos casos).

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Sin embargo, este remedio no logra una asignación eficiente de los recursos, por una sencilla razón: los costes sociales marginales totales de producir acero incluyen los costes de las subvenciones del Estado para reducir la contaminación. Las empresas no tienen esto en cuenta cuando deciden el nivel de producción, por lo que, al igual que antes, el coste social marginal de producción es superior a los costes privados marginales. La subvención a la reducción de la contaminación reduce el coste social marginal de la producción (desde la línea discontinua del gráfico 3 hasta la línea negra continua), pero también los costes privados marginales. Sigue siendo excesivo el nivel de producción de acero, como muestra el punto Qs del gráfico 3. Qm es la producción antes de la subvención, que es mucho mayor que Q», que es el nivel eficiente de producción con la subvención.

Una subvención bien diseñada reduce el coste social marginal total de producción: hay menos contaminación y, aunque la subvención a la reducción tiene un coste (incluidas las distorsiones provocadas por los impuestos necesarios para recaudar los ingresos para financiarla), los beneficios generados por la reducción de la contaminación son superiores a estos costes; por lo tanto, el nivel óptimo de producción con la subvención es mayor que el nivel de producción que es óptimo cuando las empresas no tienen ningún incentivo para reducir la contaminación. Qo es, pues, mayor que Qe. Por otra parte, si el equipo de reducción de la contaminación genera algunos beneficios complementarios a la empresa, puede reducir simultáneamente sus costes privados marginales de producción.

La razón por la que los contaminadores prefieren las subvenciones a la reducción de la contaminación antes que las multas es evidente: los beneficios son mayores con el primer sistema que con el segundo.

Gasto Social en Pensiones

Bismark: En 1889, el canciller alemán, Otto Von Bismarck, crea el sistema de pensiones público. Muchos observan en este hito histórico un logro social de dimensiones gigantescas, tanto es así, que la mayoría de países tienen un esquema similar para el retiro. Lo que no cuentan la mayoría es que Bismarck fijó la edad de jubilación en 70 años (no en 65 como cuenta el mito de que era la edad de Bismarck) cuando la esperanza de vida era de 35 años para los hombres y 38 para las mujeres. Este contraste entre edad de jubilación y esperanza de vida hizo financiable unas pensiones públicas, pensiones que sólo iban dirigidas a las capas altas de la sociedad alemana, las únicas capaces de poder alcanzar tal edad.

Las pensiones públicas, por tanto, tienen tres factores fundamentales: el número de trabajadores, el número de pensionistas, la esperanza de vida. Otro de los grandes logros que se venden es la universalización de las pensiones del PSOE en los ochenta. Lo que tampoco se cuenta es que en aquel momento el número de pensionistas era entre 5 y 6 millones, la esperanza de vida de 78 años y el número de trabajadores estaba entre 10 y 12 millones (ratio trabajadores-pensionista mayor que 2). Incluso hay que añadir que la universalización en ningún caso es un logro, porque permite el acceso por igual a lo público de ricos y pobres, lo cual, en un sistema ideal sólo debería verse limitado a estos últimos.

Los baby-boomers van a ser trabajadores que a lo largo de toda su vida laboral han pagado un tercio de su salario a la Seguridad Social, y que, pese a ello, van a obtener una pensión inferior de lo que contribuyeron. Porque con la caída del sistema de pensiones van a ver mermada su capacidad adquisitiva de forma directa (con el recorte de su pensión) o indirecta (vía inflación).

Cuando la jubilación esté en 67 años y manteniendo la esperanza de vida, cada pensionista va a recibir de media 15 años de jubilación. Por contra, todo lo que le han estafado a lo largo de su vida laboral, en el caso de un trabajador de 40 años, es entre 20 y 30 años de salario actualizado.

España

Pensiones:

A) Contributivas

Cálculo: Base reguladora

Base reguladora = Bases de cotización de los 180 meses / 210 meses

Actualización de bases de cotización de los 180 meses:

1. Valor nominal: bases de cotización de los 24 meses anteriores
2. Resto anteriores: actualizadas con el IPC

Integración de lagunas: Si existen meses sin obligación de cotizar se llaman lagunas de cotización y en estos casos se imputa la base mínima de cotización del régimen general vigente en cada momento para los trabajadores mayores de 18 años.

15 años cotizando dan derecho al 50% (porcentaje de la base reguladora) de la pensión. Cada año que se cotice de más va aumentando un 3% durante 10 años y un 2% (incremento del 2% a partir de 25 años) durante los 10 siguientes. Para llegar al 100% hay que trabajar 35 años.

Trabajadores con 65 o más años:

• Incremento del 2% adicional por cada año adicional cuando supere los 35 años cotizados. Además, están exentos de pagar las cotizaciones si han cotizado 35 o más años.

La pensión máxima en España tras la nueva reforma se sitúa en 2522.89 euros al mes (x número de pagas a las que se tenga derecho). El límite anual absoluto con más de una pensión será de 35320.46 euros. En las pensiones mínimas, depende tanto del tipo de titular como de la clase de pensión.

Reforma de las pensiones: En la última reforma de las pensiones aprobada en agosto de 2011, se aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años y 65 años si la cotización es de 38 años y 6 meses.

Este aumento será paulatino: en 2013, una persona se jubilará con 65 años y un mes, en 2018 será con 65 años y 2 meses y en 2027 ya se habrá completado el cambio pasando a jubilarse una persona con los 67 años que estipula la ley. Este cambio paulatino es similar para llegar a los 38 años y 6 meses cotizados.

Por otra parte, se mantienen los 15 años para acceder a la pensión contributiva.

Nueva fórmula de la base reguladora:

Base reguladora = bases de cotización de los 350 meses (29 años y 2 meses) / 300 meses (25 años). Antes era 180/210.

Actualización de las bases según el IPC similar al sistema anterior. Nuevos porcentajes de la lista por años de cotización (antes era por meses).

B) No Contributivas de Jubilación e Invalidez

1. Requisitos de acceso:

• Residencia legal en España
  • Residencia efectiva mínima en España de 10 años desde que se tuvo los 16 años de edad hasta la fecha de devengo de la pensión, y al menos 2 consecutivos anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
  • Si se tienen otros ingresos, estos deben ser inferiores a (en 2012) 5007.80€, que varía según la tabla de personas que convivan (Unidad Económica de Convivencia).
  • Edad superior a los 65 años para la pensión de jubilación y no cumplir los requisitos para obtener una pensión contributiva.
  • Invalidez: edad entre 16 y 65 años. Discapacidad igual o superior al 65%.

2. Cuantías (2012)

• Cantidad fija: 357.70 €/mes; 5007,80 €/año
  • Mínimo si hay otros ingresos en la Unidad Económica de Convivencia: 89.43 €/mes; 1251.90 €/año
  • En pensión de invalidez con grado mayor o igual al 75%, incremento de 2503.90 €/año
  • Si carecen de vivienda propia y pagan alquiler: suplemento anual de 525 €.

Fallos de Mercado en la Provisión de la Previsión Social

Hasta hace unas pocas décadas, los mercados privados proporcionaban seguros de vida, pero no pensiones de jubilación. En Estados Unidos, la Gran Depresión provocó una crisis: perdieron el empleo muchas personas de edad avanzada, con escasas posibilidades de encontrar otro trabajo y carentes de una fuente de ingresos. Con el propósito de garantizar a todas estas personas un nivel mínimo de ingresos, surgieron en aquel país, y en otros países, los sistemas de la seguridad social.

Elevados Costes de Transacción

Para tener unos ingresos durante la jubilación, la gente puede suscribir planes con entidades privadas. De esta manera, reciben una cantidad fija mensual a partir de una determinada edad hasta que mueren, independientemente del tiempo que vivan. Sin embargo, en la mayoría de los planes privados de este tipo, la tasa esperada de rendimiento que se obtiene no parece muy buena -es menor que los tipos de interés de mercado-, debido en parte a los elevados costes administrativos. Mientras que, en Estados Unidos, por ejemplo, los costes administrativos de la seguridad social son inferiores a un 4% de las prestaciones pagadas, los de las pensiones privadas son casi del 6%.³ Hay una clara disyuntiva entre reducir los costes y aumentar las posibilidades de elección de los individuos: desde el punto de vista administrativo, es más barato ofrecer un programa de jubilación idéntico para todo el mundo que un gran número de programas distintos entre los que escoger. Sin embargo, como el nivel de las pensiones de jubilación es relativamente bajo, son muy pocos los que se ven obligados a ahorrar para su jubilación más de lo que querrán; por lo tanto, la provisión de un nivel de prestaciones relativamente bajo no genera una pérdida significativa de bienestar. Sin embargo, este argumento no se cumple si las prestaciones son elevadas.

Seguro Incompleto

• Incapacidad de los mercados privados para asegurar los riesgos sociales: ausencia de indicación.
• Selección adversa: posible explicación de las imperfecciones de los mercados de pensiones vitalicias.
• Riesgo moral: las empresas privadas de seguros solo suelen ofrecer un seguro limitado: el seguro puede reducir los incentivos de la gente para evitar que ocurra el hecho contra el que se aseguran.

Seguro de Jubilación como Bien Preferente

Problema de riesgo moral creado al ayudar a los que no pueden valerse por sí mismos.

16) Ineficiencia de la Sanidad Privada

La Información Imperfecta

Cuando los consumidores van al médico, lo que compran es en gran medida sus conocimientos y su información. Como pacientes, los consumidores deben confiar en sus opiniones sobre el tratamiento farmacológico, intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos necesarios. Como carecen de conocimientos de medicina, no pueden valorar y evaluar correctamente los consejos de los médicos. Es posible que ni siquiera puedan saber si un médico está cualificado. Eso explica por qué el Estado interviene en la concesión de permisos para ejercer la medicina y en la regulación de los medicamentos que pueden administrarse a los pacientes.

Cuando se trata de compras repetidas, como las de alimentos, los consumidores pueden juzgar ellos mismos la calidad de los productos o llegar a confiar en una tienda. Pero normalmente no compran procedimientos médicos repetidos, como trasplantes de corazón, cirugía cardíaca o ni siquiera tratamientos contra la úlcera de estómago. En el caso de productos como los automóviles, hay agencias independientes, como las uniones de consumidores, que prueban el producto y describen sus ventajas y sus inconvenientes. Pero hay sencillamente demasiados médicos y hospitales y demasiados tratamientos para que eso sea viable en el sector sanitario: un hospital puede ser bueno en un tratamiento y malo en otro. El éxito puede depender de factores subjetivos, como la manera de proceder del médico, que puede dar buen resultado con unas personas pero no con otras. Incluso los «indicadores de resultados» -por ejemplo, la proporción de pacientes operados de corazón que han sobrevivido un año- pueden no ser totalmente informativos, ya que en los hospitales de una región puede registrarse un ingreso de pacientes más enfermos que los que ingresan en otros.

Las aseguradoras también tienen problemas de información relacionados con los médicos y con los pacientes. Al igual que los pacientes, deben confiar en buena medida en los médicos para saber qué procedimientos son necesarios y útiles. La información imperfecta sobre los pacientes plantea problemas en el mercado de seguros.

Competencia Limitada

La información imperfecta reduce el grado efectivo de competencia. Una empresa que venda una mercancía normal, como un televisor de una determinada marca, sabe que puede atraer clientes de otras tiendas bajando su precio. Estos pueden averiguar con relativa facilidad dónde se vende a mejor precio. En cambio, los pacientes potenciales que vean que un médico cobra precios más bajos que sus competidores pueden deducir de ello que este médico no tiene una gran demanda de sus servicios y que, por eso, está tratando de atraer más clientes; pero la falta de demanda de sus servicios puede hacerles pensar que no es un buen médico.

Por las mismas razones, la heterogeneidad de los servicios médicos dificulta las comparaciones de precio y calidad e impide así que se difunda eficazmente la información.

Es posible que mi vecino esté satisfecho con el tratamiento que le ha puesto su médico, pero si sus problemas médicos son distintos de los míos, no hay garantía alguna de que a mí me guste este médico. Y si oigo decir que un médico cobra más que otro, para evaluar si es una compra mejor, tengo que saber exactamente qué servicios presta. Las normas deontológicas de la profesión médica pueden complicar las inevitables limitaciones de la competencia que impone la información imperfecta. Los médicos no pueden hacer publicidad. En otros contextos, se ha demostrado que las restricciones publicitarias elevan los precios (porque impiden la competencia). Por ese motivo, actualmente, en algunos estados de EE. UU. se permite hacer publicidad de las gafas, lo que ha reducido espectacularmente su precio en esos estados.

Los médicos también pueden tratar de limitar la competencia de precios por otras vías. Se ha sugerido, por ejemplo, que «si un médico reduce sus honorarios, sus colegas podrían tomar represalias como negarle el uso de un hospital o tratar de dañar su reputación».

Por último, en muchas comunidades pequeñas hay pocos doctores entre los que elegir. Las agrupaciones de médicos en HMO (Health Maintenance Organizations, empresas de asistencia sanitaria en la que los pacientes pagan una prima anual) y en planes de proveedores preferidos puede reducir significativamente la competencia en estas áreas.

Por otro lado, también es reducida la competencia entre los hospitales. La mayoría de ciudades pequeñas cuentan con unos pocos hospitales. En caso de emergencia, una persona raras veces se encuentra en condiciones de elegir; e incluso cuando tiene tiempo, la decisión no la toma él, sino su médico. Como tampoco ayuda a estimular la competencia el que la supervivencia de los hospitales públicos y los puestos de trabajo en estos hospitales no dependan de su buena gestión.