EL RÉGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL

CAPÍTULO I: EL PRESUPUESTO

SUBCAPÍTULO ÚNICO: LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD

ARTÍCULO 53.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197 de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos.

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia.

Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo.

CONCORDANCIA:

Constitución Política, Art. 197°.

ARTÍCULO 54.- CONTABILIDAD MUNICIPAL

La contabilidad se lleva de acuerdo con las normas generales de contabilidad pública, a no ser que la ley imponga otros criterios contables simplificados. Los registros y libros respectivos deben estar legalizados.

Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad del gerente municipal o quien haga sus veces, se formula el balance general de ingresos y egresos y se presenta la memoria anual, documentos que deben ser aprobados por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos por el Sistema Nacional de Contabilidad.

CAPÍTULO II: EL PATRIMONIO MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 55.- PATRIMONIO MUNICIPAL

Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio.

El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley.

Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.

Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público.

CONCORDANCIA:

Constitución Política, Art. 196°.

SUBCAPÍTULO II: LOS BIENES MUNICIPALES

ARTÍCULO 56.- BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Son bienes de las municipalidades:

1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales.
2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad.
3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales.
4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien que represente valores cuantificables económicamente.
5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional.
6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.
7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.
8. Todos los demás que adquiera cada municipio.

Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público.

ARTÍCULO 57.- MARGESÍ DE BIENES MUNICIPALES

Cada municipalidad abre y mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, bajo responsabilidad solidaria del alcalde, el gerente municipal y el funcionario que la municipalidad designe en forma expresa.

ARTÍCULO 58.- INSCRIPCIÓN DE BIENES MUNICIPALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Los bienes inmuebles de las municipalidades a que se refiere el presente capítulo, se inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del acuerdo de concejo correspondiente.

ARTÍCULO 59.- DISPOSICIÓN DE BIENES MUNICIPALES

Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.

Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a través de subasta pública, conforme a ley.

Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO 60.- TRANSFERENCIA DE TIERRAS PÚBLICAS

El gobierno nacional, a petición de las municipalidades, puede transferir las tierras eriazas, abandonadas y ribereñas que se encuentren en el territorio de su jurisdicción y que requiera para sus planes de desarrollo.

ARTÍCULO 61.- PETICIÓN DE ADJUDICACIÓN DE TIERRAS AL ESTADO

La petición de adjudicación de tierras al Estado se aprueba por el concejo municipal, para sí o para la municipalidad de centro poblado que lo requiera, con el voto conforme de las dos terceras partes del número legal de regidores y teniendo a la vista el proyecto completo de uso de los bienes solicitados y las evaluaciones del impacto ambiental que puede generarse.

ARTÍCULO 62.- CONDICIÓN DE BIENES PÚBLICOS

Las playas, ríos, manantiales, corrientes de agua, así como los lagos, son bienes de uso público. Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de concesión para otros usos.

ARTÍCULO 63.- RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN

El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo, que se

formaliza conforme a la ley de la materia.

Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función pública.

ARTÍCULO 64.- DONACIÓN DE BIENES MUNICIPALES

Las municipalidades, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los

Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público.

Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todo impuesto, conforme a la ley de la materia, así como del pago de los derechos regístrales y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del extranjero.

ARTÍCULO 65.- CESIÓN EN USO O CONCESIÓN

Las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas del sector privado, a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo.

ARTÍCULO 66.- APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el concejo municipal.

ARTÍCULO 67.- APROBACIÓN POR CONSULTA POPULAR

Cuando se trate de donaciones de inmuebles cuyo valor sea superior al 20% (veinte por ciento) del patrimonio inmobiliario municipal, se requiere de aprobación por consulta popular.

ARTÍCULO 68.- DESTINO DE LOS BIENES DONADOS

El acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad.

El incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su patrimonio las mejoras, a título gratuito.

CAPÍTULO III: LAS RENTAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 69.- RENTAS MUNICIPALES

Son rentas municipales:

1. Los tributos creados por ley a su favor.
2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados por su concejo municipal, los que constituyen sus ingresos propios.
3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del gobierno nacional.
5. Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduana, conforme a ley.
6. Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley Anual de

Presupuesto, para atender los servicios descentralizados de su jurisdicción.

Los recursos provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con cargo a su patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas cuando se trate de endeudamientos externos, conforme a ley.Los recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos proyectos, obras o servicios entregados en concesión.Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley.

CONCORDANCIA:

Ley N° 28221

10. El íntegro de los recursos provenientes de la privatización de sus empresas municipales.
11. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia.
12. Los dividendos provenientes de sus acciones.
13. Las demás que determine la ley.

Los gobiernos locales pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, requiriendo la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del concejo municipal.

La concertación y contratación de los empréstitos y operaciones de endeudamiento se sujetan a la Ley de Endeudamiento del Sector Público.

CONCORDANCIA:

Ley N° 28423, 10ma., 11ma., 12ma., 13ra. y 14ta.

Ley N° 28563 (Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento)

Los servicios de amortización e intereses no pueden superar el 30% (treinta por ciento) de los ingresos del año anterior.

CONCORDANCIA:

R.D. Nª 033-2005-EF-76.01 (Directiva Nº 013-2005-EF-76.01), Precisiones para el Registro y

Destino del Gasto, Numeral V. D.S. N° 114-2005-EF, Art. 11

CAPÍTULO IV: EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 70.- SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

El sistema tributario de las municipalidades, se rige por la ley especial y el Código Tributario en la parte pertinente.

Las municipalidades pueden suscribir convenios con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo que representa el cobro de los referidos tributos a través de dichos convenios no podrá ser trasladado a los contribuyentes.

CAPÍTULO V: LA BANCA MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO ÚNICO: LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

ARTÍCULO 71.- CREACIÓN DE CAJAS MUNICIPALES

Las cajas municipales de ahorro y crédito se crean por una o más municipalidades provinciales o distritales y funcionan con estricto arreglo a la legislación especial sobre la materia.

ARTÍCULO 72.- ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS CAJAS MUNICIPALES

Las cajas municipales de ahorro y crédito operan preferentemente dentro de los territorios provinciales en que las autoriza la Superintendencia de Banca y Seguros y no pueden concertar créditos con ninguna de las municipalidades del país.

TÍTULO V: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

CAPÍTULO I: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS GENERALES

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

La Ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia.

Las funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.

Dentro del marco de las competencias y funciones específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades provinciales comprende:

a) Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital.

b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia.

c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.

d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.

Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, los servicios públicos locales que, por sus características, sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de la planificación y prestación de dichos servicios entre las municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y una adecuada provisión a los vecinos.

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes:

1. Organización del espacio físico – Uso del suelo
   1. Zonificación.
   2. Catastro urbano y rural.
   3. Habilitación urbana.
   4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28687, Art. 4, numeral 4.1 y Art. 16

   5. Acondicionamiento territorial.
   6. Renovación urbana.
   7. Infraestructura urbana o rural básica.
   8. Vialidad.
   9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico
2. Servicios públicos locales
   1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
   2. Tránsito, circulación y transporte público.
   3. Educación, cultura, deporte y recreación.
   4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.
   5. Seguridad ciudadana.
   6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.
   7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de

   Identificación y Estado Civil, conforme a ley.

3. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.
4. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones.
5. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o nacional.

Protección y conservación del ambiente

1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales y nacionales.
2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental.

CONCORDANCIA:

R. N° 029-2006-INRENA (Aprueban Lineamientos Generales para la Gestión de las Áreas de

Conservación Municipal)

3. Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles.
4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en el cumplimiento de sus funciones
5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

En materia de desarrollo y economía local

1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.
2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.
3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.
4. Fomento de la artesanía.
5. Fomento del turismo local sostenible.
6. Fomento de programas de desarrollo rural.

En materia de participación vecinal

1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el desarrollo local.
2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización.
3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdicción.

En materia de servicios sociales locales

1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
2. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los programas sociales.

6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales.

Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas

1. Promover programas de prevención y rehabilitación en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas de erradicación en coordinación con el gobierno regional.
2. Promover convenios de cooperación internacional para la implementación de programas de erradicación del consumo ilegal de drogas.

A iniciativa de la municipalidad se podrán organizar comités multisectoriales de prevención del consumo de drogas, con la participación de los vecinos, con la finalidad de diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas o proyectos de prevención del consumo de drogas y de conductas de riesgo en el ámbito local, pudiendo contar para ello con la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.

ARTÍCULO 74.- FUNCIONES ESPECÍFICAS MUNICIPALES

Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o compartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización.

ARTÍCULO 75.- EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones específicas que son de competencia municipal exclusiva. Su ejercicio constituye usurpación de funciones.

Las normas municipales en las materias establecidas en la presente ley, que estén en concordancia con las normas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos y las autoridades nacionales y regionales respectivas.

Sólo por ley expresa y con las mismas formalidades exigidas para la aprobación de la presente ley, se establecen regímenes especiales transitorios por los cuales otros organismos públicos pueden ejercer competencias que son exclusivas de las municipalidades. El régimen especial transitorio debe tener un plazo determinado.

Las municipalidades están obligadas a informar y realizar coordinaciones con las entidades con las que compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas.

ARTÍCULO 76.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala.

Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación.

Los convenios en materia tributaria se rigen por ley especial. La responsabilidad es indelegable.

ARTÍCULO 77.- AVOCACIÓN

Las municipalidades distritales, ante la falta de cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar de manera excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de manera temporal la demanda de dicho servicio público. El servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo del servicio de la municipalidad demandante.

El concejo provincial o la asamblea metropolitana, según sea el caso, determinan la procedencia o no procedencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo en que se ejercerá la competencia por la municipalidad demandada. La resolución puede ser objeto de recurso de reconsideración.

CAPÍTULO II: LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS

ARTÍCULO 78.- SUJECIÓN A LAS NORMAS TÉCNICAS Y CLAUSURA

El ejercicio de las competencias y funciones específicas de las municipalidades se realiza de conformidad y con sujeción a las normas técnicas sobre la materia.

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estrictamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituya peligro, o cuando estén en contra de las normas reglamentarias o de seguridad de defensa civil; o produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.

ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
   1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28221, 2da. Disp. Comp. y Derg.

   R. N° 029-2006-INRENA (Aprueban Lineamientos Generales para la Gestión de las Áreas de

   Conservación Municipal)

   2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes específicos de acuerdo con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
   3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarcación territorial en la provincia.
   4. Aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes antes mencionados, de acuerdo con las normas técnicas de la materia, sobre:

   CONCORDANCIA:

   1. Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición.
   2. Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.
   3. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

   Ley N° 28687, Art. 4, numeral 4.1 y Art. 16

   CONCORDANCIA:

   4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y avisos publicitarios y propaganda política.

   R. Nº 007-2006-JNE (Aprueban el Reglamento sobre Difusión y Control de Propaganda Electoral durante el Proceso de Elecciones Generales)

   5. Nomenclatura de calles, parques y vías.
   6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil.
   7. Estudios de Impacto Ambiental.
   8. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas provinciales sobre la materia, señalando las infracciones y estableciendo las sanciones correspondientes.
   9. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
   1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural de carácter multidistrital que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia, tales como corredores viales, vías troncales, puentes, parques, parques industriales, embarcaderos, terminales terrestres, y otras similares, en coordinación con las municipalidades distritales o provinciales contiguas, según sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.
   2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos.
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:
   1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según corresponda, con sujeción al plan y a las normas municipales provinciales sobre la materia.
   2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental.
   3. Elaborar y mantener el catastro distrital.
   4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial.
   5. Reconocer los asentamientos humanos y promover su desarrollo y formalización.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28687, Arts: 8 num. 2 Art. 16

   6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de:
      1. Habilitaciones urbanas.
      2. Construcción, remodelación o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica.
      3. Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política.

      CONCORDANCIA:

      R. Nº 007-2006-JNE (Aprueban el Reglamento sobre Difusión y Control de Propaganda Electoral duante el Proceso de Elecciones Generales)

      4. Apertura de establecimientos comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación.
      5. Construcción de estaciones radioeléctricas y tendido de cables de cualquier naturaleza.
      6. Las demás funciones específicas establecidas de acuerdo a los planes y normas sobre la materia.
4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:
   1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
   2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y calificar los tugurios en los cuales deban realizarse tareas de renovación urbana en coordinación con la municipalidad provincial y el gobierno regional.

En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal actuará como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los convenios respectivos.

CONCORDANCIA:

D.S. N° 014-2003-JUS, Art. 1

ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
   1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.
   2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
   1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.
   2. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales del

   cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento.

3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal.
4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
5. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
6. Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local.

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales.
3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público.
4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.
5. Expedir carnés de sanidad.

Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

1. Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.
2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.
3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

CONCORDANCIA:

Ley N° 28719, Arts. 8 y 10 (Ley del boleto turístico)

ARTÍCULO 81.- TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:
   1. Normar, regular y planificar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel provincial.
   2. Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e

   interurbano de su jurisdicción, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia.

   1.3.      Normar, regular, organizar y  mantener los sistemas de  señalización y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.

   1.4.      Normar y regular el transporte público y  otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte de pasajeros, así como regular el transporte de carga e identificar las vías y rutas establecidas para tal objeto.

   1.5.   Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento.

   1.6.      Normar,   regular   y   controlar   la   circulación  de   vehículos   menores motorizados o no motorizados, tales como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar naturaleza.

   
   

   1.7.      Otorgar autorizaciones y concesiones para la prestación del servicio público de transporte provincial de personas en su jurisdicción.

   1.8.      Otorgar certificado de  compatibilidad de uso, licencia de construcción, certificado  de  conformidad  de  obra,  licencia  de  funcionamiento  y certificado de habilitación técnica a los terminales terrestres y estaciones de  ruta  del  servicio  de  transporte  provincial  de  personas  de  su competencia, según corresponda.

   1.9.     Supervisar el servicio público de transporte urbano de su jurisdicción, mediante la supervisión, detección de infracciones, imposición de sanciones y ejecución de ellas por incumplimiento de las normas o disposiciones que regulan dicho servicio, con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control de tránsito.

   1.10.    Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción, de conformidad con el reglamento nacional respectivo.

   2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

   2.1.     Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de  tránsito y  las  de  transporte colectivo; sin perjuicio de  las funciones sectoriales de nivel nacional que se deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización.

   2.2.      Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales.

   2.3.     Ejercer  la  función  de  supervisión  del  servicio  público  de  transporte provincial de su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control del tránsito.

   2.4.      Instalar, mantener y renovar los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción y establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las municipalidades distritales.

   3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

   3.1.     Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo

   con  la  regulación  provincial  y  en  coordinación  con  la  municipalidad provincial.

   3.2.     Otorgar licencias para la circulación de vehículos menores y demás, de acuerdo con lo establecido en la regulación provincial.(*)

   (*) De conformidad con el Artículo 13º de la Ley N° 28750, publicada el 03 junio 2006, se  precisa que  los  recursos por  la  imposición de  papeletas por  infracciones al Reglamento Nacional de  Tránsito, provenientes de  los  convenios suscritos o  por suscribirse entre las Municipalidades y la Policía Nacional del Perú a nivel nacional, a favor de la Policía de Tránsito de las jurisdicciones respectivas, se incorporan en el presupuesto del Pliego Ministerio del Interior, para ser orientados exclusivamente a los

   fines señalados en los convenios. El Ministerio del Interior, queda autorizado para que mediante resolución suprema y dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de publicada la  presente Ley, establezca un régimen de incentivos excepcionales de carácter no remunerativo ni pensionable, a la Policía de Tránsito con cargo de hasta el

   75% de los recursos de los mencionados convenios, así como regule los procesos y procedimientos para la  ejecución presupuestal y  financiera y  uso de  los  citados recursos.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28719, Arts. 8 y 10 (Ley del boleto turístico)

   
   

   ARTÍCULO 82.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACION

   Las  municipalidades, en  materia  de  educación,  cultura,  deportes  y  recreación,  tienen  como competencias y  funciones específicas compartidas con el  gobierno nacional y  el  regional las siguientes:

   1.  Promover  el  desarrollo  humano  sostenible  en  el  nivel  local,  propiciando  el desarrollo de comunidades educadoras.

   2.  Diseñar,  ejecutar  y  evaluar  el  proyecto  educativo  de  su  jurisdicción,  en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial.

   3.  Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica.

   4.  Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, según corresponda, fortaleciendo su autonomía institucional.

   5.  Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

   6. Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para ello  se  harán  alianzas  estratégicas  con  instituciones  especializadas  de  la comunidad.

   7.  Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos.

   8.   Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.

   9.  Promover,  coordinar,  ejecutar  y  evaluar,  con  los  gobiernos  regionales,  los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales, de acuerdo con las características socioculturales y lingüísticas de cada localidad.

   10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la  convivencia  social,  armoniosa  y  productiva,  a  la  prevención  de  desastres naturales y a la seguridad ciudadana.

   11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados.

   12. Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración.

   13. Promover la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del ambiente.

   14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales ya sea directamente o mediante contrato o concesión, de conformidad con la normatividad en la materia.

   15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades competentes.

   
   

   16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.

   17. Promover  espacios  de  participación, educativos  y  de  recreación destinados  a adultos mayores de la localidad.

   18. Normar,  coordinar  y  fomentar  el  deporte  y  la  recreación  de  la  niñez  y  del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.

   19. Promover actividades culturales diversas.

   20. Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana.

   En aquellos casos en que las municipalidades distritales no puedan asumir las funciones específicas a que se refiere el presente artículo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 76 y 77.

   CONCORDANCIA:

   D.S. N° 009-2005-ED, Art. 10 (Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo) Ley N° 28719, Arts. 8 y 10

   R.PRES. N° 044-CND-P-2006, Sector Mujer y Desarrollo Social 2.6.2 (Plan de Transferencias 2006-

   2010)

   R.M. N° 0031-2007-ED (Plan de Municipalización de la Gestión Educativa y Lineamientos del Plan

   Piloto 2007)

   ARTÍCULO 83.- ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Las municipalidades, en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen las siguientes funciones:

   1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

   1.1.     Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas nacionales sobre la materia.

   1.2.      Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio.

   2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

   2.1.      Construir, equipar y mantener, directamente o por concesión, mercados de abastos al mayoreo o minoristas, en coordinación con las municipalidades distritales en las que estuvieran ubicados.

   2.2.      Realizar programas de apoyo a los productores y pequeños empresarios a nivel de la provincia, en coordinación con las municipalidades distritales y las entidades públicas y privadas de nivel regional y nacional.

   3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

   3.1.     Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con las normas provinciales.

   3.2.     Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial.

   3.3.      Realizar el control de pesos y medidas, así como el del acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios.

   
   

   3.4.      Promover la construcción, equipamiento y mantenimiento de mercados de abastos que atiendan las necesidades de los vecinos de su jurisdicción.

   3.5.      Promover la  construcción, equipamiento y  mantenimiento de  camales, silos, terminales pesqueros y locales similares, para apoyar a los productores y pequeños empresarios locales.

   3.6.    Otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales.

   4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

   4.1.      Promover la realización de ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la creación de mecanismos de comercialización y consumo de productos propios de la localidad.

   ARTÍCULO 84.- PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS

   Las municipalidades, en materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguientes funciones:

   1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

   1.1.      Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las municipalidades distritales de su jurisdicción.

   1.2.     Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores. Así como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado.

   1.3.    Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad local.

   1.4.     Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia, cuando la municipalidad distrital no pueda asumir dicha función.

   1.5.     Establecer canales de comunicación y cooperación entre los vecinos y los programas sociales.

   1.6.      Contar  con  un  registro  actualizado  de  organizaciones  juveniles  de  la provincia, así como de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local.

   1.7.      Crear una oficina de protección, participación y organización de los vecinos con  discapacidad, como un programa dependiente de  la  Dirección de Servicios Sociales.

   2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

   2.1.      Planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza.

   2.2.     Reconocer y registrar a las instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el gobierno local.

   2.3.      Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza  y  de  desarrollo  social  del  Estado,  propios  y  transferidos,

   
   

   asegurando  la  calidad  y  localización  de  los  servicios,  la  igualdad  de oportunidades y el fortalecimiento de la economía regional y local.

   2.4.      Organizar, administrar y  ejecutar los  programas locales  de  asistencia, protección y  apoyo a  la  población en  riesgo, de  niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población en situación de discriminación.

   2.5.      Contribuir al  diseño de  las políticas y  planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo.

   2.6.     Facilitar  y  participar  en  los  espacios  de  concertación  y  participación ciudadana para la  planificación, gestión y  vigilancia de  los programas locales de desarrollo social, así como de apoyo a la población en riesgo.

   2.7.     Promover y concertar la cooperación pública y privada en los distintos programas sociales locales.

   2.8.      Organizar e implementar el servicio de Defensoría Municipal de los Niños y

   Adolescentes -DEMUNA- de acuerdo a la legislación sobre la materia.

   2.9.      Promover el desarrollo integral de la juventud para el logro de su bienestar físico, psicológico, social, moral y espiritual, así como su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno local.

   2.10.    Resolver administrativamente los conflictos entre vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de las juntas de propietarios de edificios y de las juntas vecinales de su localidad, con facultad para imponer sanciones por dichos incumplimientos, luego de una obligatoria etapa de conciliación extrajudicial.

   2.11.    Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás programas de apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la legislación sobre la materia.

   2.12.    Crear la Oficina de Protección, Participación y Organización de los vecinos con discapacidad como un programa dependiente de la dirección de servicios sociales.

   3. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales:

   3.1.      Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias municipales.

   3.2.     Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y guarderías infantiles, establecimientos de protección a los niños y a personas con impedimentos y ancianos desvalidos, así como casas de refugio.

   3.3.     Promover la igualdad de oportunidades con criterio de equidad.

   ARTÍCULO 85.- SEGURIDAD CIUDADANA

   Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones:

   1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

   1.1.     Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de

   
   

   nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley.

   1.2.     Ejercer la labor de coordinación para las tareas de defensa civil en la provincia, con sujeción a las normas establecidas en lo que respecta a los Comités de Defensa Civil Provinciales.

   2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

   2.1.      Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía

   Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.

   2.2.      Promover acciones de apoyo a las compañías de bomberos, beneficencias, Cruz

   Roja y demás instituciones de servicio a la comunidad.

   3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

   3.1.    Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente,  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  por  la  municipalidad provincial respectiva.

   3.2.      Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.

   3.3.     Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento de sus fines.

   CONCORDANCIA: Constitución Política, Art. 197°. Ley N° 28719, Arts. 8 y 10

   ARTÍCULO 86.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

   1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales:

   1.1.     Diseñar un plan estratégico de desarrollo económico local sostenible y un plan operativo anual, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de la provincia, según diagnóstico económico de su jurisdicción.

   1.2.      Flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de seguridad.

   1.3.      Mantener un registro de las empresas que operan en su jurisdicción y cuentan con licencia municipal de funcionamiento, definitiva o provisional, consignando expresamente el  cumplimiento o  incumplimiento de  las  normas técnicas de seguridad.

   1.4.      Concertar con el  sector  público y  el  privado la  elaboración y  ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en su espacio territorial.

   2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

   2.1.      Organizar,   en   coordinación  con   el   respectivo   gobierno   regional   y   las municipalidades distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de los corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad.

   2.2.      Realizar  campañas  conjuntas  para  facilitar  la  formalización  de  las  micro  y pequeñas empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación administrativa.

   
   

   2.3.      Elaborar junto con las instancias correspondientes, evaluaciones de impacto de los programas y proyectos de desarrollo económico local.

   2.4.     Promover,  en  coordinación  con  el  gobierno  regional,  agresivas  políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales,  así  como  la  elaboración  de  mapas  provinciales  sobre  potenciales riquezas, con el propósito de generar puestos de trabajo y desanimar la migración.

   2.5.      En los municipios rurales, concertar con las comunidades campesinas.

   2.6.     Articular  las  zonas  rurales  con  las  urbanas,  fortaleciendo  así  la  economía regional.

   3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:

   3.1.      Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.

   3.2.      Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción  sobre  información,  capacitación, acceso  a  mercados,  tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.

   3.3.      Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

   3.4.      Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales.

   3.5.      Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

   ARTÍCULO 87.- OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

   Las municipalidades provinciales y distritales, para cumplir su fin de atender las necesidades de los vecinos, podrán ejercer otras funciones y competencias no establecidas específicamente en la presente ley o en leyes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto dichas funciones y competencias no estén reservadas expresamente a otros organismos públicos de nivel regional o nacional.

   TÍTULO VI

   EL USO DE LA PROPIEDAD EN ARMONÍA CON EL BIEN COMÚN CAPÍTULO ÚNICO

   ARTÍCULO 88.- USO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

   Corresponde a las municipalidades provinciales y distritales dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el uso de la propiedad inmueble en armonía con el bien común.

   ARTÍCULO 89.- DESTINO DE SUELOS URBANOS

   Las tierras que son susceptibles de convertirse en urbanas solamente pueden destinarse a los fines previstos en la zonificación aprobada por la municipalidad provincial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de

   
   

   uso, para cualquier fin, de terrenos urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la aprobación municipal.

   ARTÍCULO 90.- OBRAS INMOBILIARIAS

   La construcción, reconstrucción, ampliación, modificación o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al  cumplimiento de los requisitos que establezcan la  Ley, el Reglamento Nacional de Construcciones  y  las  ordenanzas  o  reglamentos  sobre  seguridad  de  Defensa  Civil,  y  otros organismos que correspondan, para garantizar la salubridad y estética de la edificación; asimismo deben tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental, conforme a ley.

   ARTÍCULO 91.- CONSERVACIÓN DE ZONAS MONUMENTALES

   Las municipalidades provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura o a  su solicitud, pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las

   leyes sobre la materia y con las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio cultural.

   ARTÍCULO 92.- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

   Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios.

   Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.

   ARTÍCULO 93.- FACULTADES ESPECIALES DE LAS MUNICIPALIDADES

   Las municipalidades provinciales y distritales, dentro del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para:

   1.   Ordenar la demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se expidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación.

   2.   Ordenar  la  demolición de  obras  que  no  cuenten  con  la  correspondiente licencia  de construcción.

   3.  Declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer su desocupación en el caso de estar habitados.

   4.  Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición y multa, la obligación de conservar el alineamiento y retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura máxima permitida en cada caso.

   5.   Hacer cumplir la obligación de cercar propiedades, bajo apremio de hacerlo en forma directa y exigir coactivamente el pago correspondiente, más la multa y los intereses de ley.

   6.   Disponer la pintura periódica de las fachadas, y el uso o no uso de determinados colores.

   7.   Revocar licencias urbanísticas de construcción y funcionamiento.

   ARTÍCULO 94.- EXPROPIACIÓN SUJETA A LEGISLACIÓN

   La expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la legislación sobre la materia. El requerimiento de expropiación por causas de necesidad pública es acordado por el concejo provincial o distrital de su jurisdicción, con el voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de regidores y procede únicamente para la ejecución de los planes de desarrollo local o la prestación, o mejor prestación, de los servicios públicos.

   ARTÍCULO 95.- EXPROPIACIÓN A TRAVÉS DEL PODER EJECUTIVO

   
   

   Acordada la expropiación por necesidad pública por el concejo provincial o distrital, con estricta sujeción a lo previsto en el artículo anterior, éste solicita que el Poder Ejecutivo disponga la expropiación de acuerdo a la Ley General de Expropiaciones.

   ARTÍCULO 96.- CAUSAS DE NECESIDAD PÚBLICA

   Para los efectos de expropiación con fines municipales, se consideran causas de necesidad pública, las siguientes:

   1.   La ejecución de obras públicas municipales.

   2.   La instalación y funcionamiento de servicios públicos locales.

   3.  La salvaguarda, restauración y conservación de inmuebles incorporados al patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad o que tengan un extraordinario valor arquitectónico, artístico, histórico o técnico, debidamente declarado como tal por el Instituto Nacional de Cultura.

   4.  La conservación ineludible de la tipicidad panorámica de un lugar que sea patrimonio natural de la Nación.

   5.   La salvaguarda de recursos naturales necesarios para la vida de la población.

   6.  El saneamiento físico-legal de espacios urbanizados que hayan sido ocupados por acciones de hecho y sin posibilidad real de restablecimiento del estado anterior.

   7.   El mejoramiento y renovación de la calidad habitacional, a través de programas de destugurización.

   8.   La demolición por peligro inminente.

   9.  El establecimiento de servidumbres que requieran la libre disponibilidad del suelo.

   10. La reubicación de poblaciones afectadas por catástrofes o peligros inminentes.

   11. La instalación y/o remodelación de centros poblados.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28687, Art. 21

   TÍTULO VII

   LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADOS Y LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN

   CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

   ARTÍCULO 97.- PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO

   Basándose en  los  Planes  de  Desarrollo Municipal Distritales Concertados y  sus  Presupuestos Participativos, el  Consejo  de  Coordinación Local  Provincial  procede  a  coordinar,  concertar  y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto Participativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo de Coordinación Regional para su integración a todos los planes de desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

   Estos planes deben responder fundamentalmente a los principios de participación, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad,

   
   

   imparcialidad y neutralidad, subsidiaridad, consistencia de las políticas locales, especialización de las funciones, competitividad e integración.

   Los planes de desarrollo municipal concertados y sus presupuestos participativos tienen un carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos municipales. Son aprobados por los respectivos concejos municipales.

   Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, conforme al artículo 197de la Constitución.

   CAPÍTULO II

   CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL ARTÍCULO 98.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

   El Consejo de Coordinación Local Provincial es un órgano de coordinación y concertación de las

   Municipalidades Provinciales. Está integrado por el Alcalde Provincial que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; por los Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, profesionales, universidades, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel provincial, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

   La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del  respectivo Concejo Municipal Provincial y la totalidad de los Alcaldes Distritales de la jurisdicción provincial que corresponda.

   Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Provincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente.

   Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital.

   ARTÍCULO 99.- INSTALACIÓN Y SESIONES

   Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Provincial se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal Provincial decidir lo pertinente. La asistencia de los alcaldes es obligatoria e

   indelegable.

   El Consejo de Coordinación Local Provincial se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde Provincial. En sesión ordinaria, una vez al año, se reúne para integrar los planes distritales y coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presupuesto Participativo Provincial.

   ARTÍCULO 100.- FUNCIONES

   Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial:

   1.   Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el

   Presupuesto Participativo Provincial.

   
   

   2.   Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura regional.

   3.   Proponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios públicos locales.

   4.   Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.

   5.   Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Provincial.

   El Consejo de Coordinación local Provincial no ejerce funciones ni actos de gobierno.

   ARTÍCULO 101.- REGLAMENTO DEL CONSEJO

   El Consejo de Coordinación Local Provincial se rige por Reglamento aprobado por Ordenanza Provincial, durante el primer semestre de su funcionamiento, a propuesta del Consejo de Coordinación Local Provincial.

   CAPÍTULO III

   CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL ARTÍCULO 102.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

   El Consejo de Coordinación local Distrital es un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

   La proporción de los representantes de la sociedad civil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que resulte de la sumatoria del total de miembros del respectivo Concejo Municipal Distrital y la totalidad de los Alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción distrital que corresponda. En el caso de jurisdicciones municipales que no cuenten con municipalidades de centros poblados o su número sea inferior al 40% del número legal de miembros del respectivo concejo municipal distrital, la representación de la sociedad civil será del 40% sobre dicho número legal.

   Los representantes de la sociedad civil son elegidos democráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre los delegados legalmente acreditados de las organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional comprobada. La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente.

   Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital.

   ARTÍCULO 103.- INSTALACIÓN Y SESIONES

   Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Local Distrital se requiere de la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal Distrital decidir lo pertinente. La asistencia de los alcaldes es obligatoria e indelegable.

   El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el Alcalde Distrital. En sesión ordinaria, una vez al año, se reúne para coordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

   
   

   ARTÍCULO 104.- FUNCIONES

   Corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital:

   1.   Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado y el

   Presupuesto Participativo Distrital.

   2.   Proponer la elaboración de proyectos de inversión y de servicios públicos locales.

   3.   Proponer convenios de cooperación distrital para la prestación de servicios públicos.

   4.   Promover la formación de Fondos de Inversión como estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible.

   5.   Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal Distrital.

   El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce funciones ni actos de gobierno.

   ARTÍCULO 105.- REGLAMENTO DEL CONSEJO

   El Consejo de Coordinación Local Distrital se rige por Reglamento aprobado por Ordenanza Distrital, durante el primer trimestre de su funcionamiento, a propuesta del Consejo de Coordinación Local Distrital.

   CAPÍTULO IV

   LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES ARTÍCULO 106.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

   La  junta  de  delegados vecinales comunales es  el  órgano de  coordinación integrado por  los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que están organizadas, principalmente, como juntas vecinales.

   Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, las comunidades nativas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los vecinos que representan a las organizaciones sociales de la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la participación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades regulan su participación, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución Política del Estado.

   ARTÍCULO 107.- FUNCIONES

   La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus funciones:

   1.   Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del distrito y los centros poblados.

   2.   Proponer las políticas de salubridad.

   3.   Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito.

   4.   Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la ejecución de obras municipales.

   5.   Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el ámbito deportivo y en el cultural.

   6.   Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal.

   7.   Las demás que le delegue la municipalidad distrital.

   El primer regidor de la municipalidad distrital la convoca y preside. El alcalde podrá asistir a las sesiones, en cuyo caso la presidirá.

   
   

   ARTÍCULO 108.- SESIONES

   La Junta de Delegados Vecinales Comunales se reunirá, en forma ordinaria, cuatro veces al año. Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el primer regidor del distrito o por no menos del

   25% (veinticinco por ciento) de los delegados vecinales.

   ARTÍCULO 109.- DELEGADO VECINAL

   El delegado vecinal comunal es elegido, en forma directa, por los vecinos del área urbana o rural a la que representan. Tiene como función representar a su comunidad ante la Junta de Delegados Vecinales por el período de un año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que se adopten en ella.

   Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área urbana o rural a la que representa. Su ejercicio no constituye función pública, ni genera incompatibilidad alguna.

   ARTÍCULO 110.- REGULACIÓN

   La constitución y delimitación de las Juntas Vecinales Comunales, el número de sus delegados, así como la forma de su elección y revocatoria, serán establecidos mediante ordenanza de la respectiva municipal distrital.

   TÍTULO VIII

   LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL CAPÍTULO I

   DISPOSICIÓN GENERAL

   ARTÍCULO 111.- PARTICIPACIÓN Y CONTROL VECINAL

   Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia.

   CONCORDANCIA: Constitución Política, Art. 197°. Ley N° 26300, Art. 2°, 3° y 7° Ley N° 27783, Art. 17°

   CAPÍTULO II

   LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN EL GOBIERNO LOCAL ARTÍCULO 112.- PARTICIPACIÓN VECINAL

   Los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación

   de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.

   Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los vecinos a la información.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 27783, Art. 17°

   ARTÍCULO 113.- EJERCICIO DEL DERECHO DE PARTICIPACIÓN

   El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación vecinal en la municipalidad de su distrito y su provincia, mediante uno o más de los mecanismos siguientes:

   
   

   1.   Derecho de elección a cargos municipales.

   2.   Iniciativa en la formación de dispositivos municipales.

   3.   Derecho de referéndum.

   4.   Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.

   5.   Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regula.

   6.  Participación a través de Juntas Vecinales, comités de vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.

   7.   Comités de gestión.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 26300, Art. 2°, 3° y 7°

   ARTÍCULO 114.- INICIATIVA EN LA FORMACIÓN DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES

   La iniciativa en la formación de dispositivos municipales es el derecho mediante el cual los vecinos plantean al gobierno local la adopción de una norma legal municipal de cumplimiento obligatorio por todos o una parte de los vecinos de la circunscripción o del propio concejo municipal. La iniciativa requiere el respaldo mediante firmas, certificadas por el RENIEC, de más del 1 % (uno por ciento) del total de electores del distrito o provincia correspondiente.

   El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprobará las normas para el ejercicio de la iniciativa a que se refiere el presente artículo.

   ARTÍCULO 115.- DERECHO DE REFERÉNDUM

   El referéndum municipal es un instrumento de participación directa del pueblo sobre asuntos de competencia municipal, mediante  el  cual  se  pronuncia con  carácter decisorio, respecto a  la

   aprobación o desaprobación de las ordenanzas municipales, excepto aquellas de naturaleza tributaria que estén de acuerdo a ley.

   El referéndum municipal es convocado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su instancia local o regional, a pedido del concejo municipal o de vecinos que representen no menos del 20% (veinte por ciento) del número total de electores de la provincia o el distrito, según corresponda.

   El referéndum municipal se realiza dentro de los 120 (ciento veinte) días siguientes al pedido formulado por el Concejo Municipal o por los vecinos. El Jurado Electoral fija la fecha y las autoridades políticas, militares, policiales, y las demás que sean requeridas, prestan las facilidades y su concurrencia para la realización del referéndum en condiciones de normalidad.

   Para que los resultados del referéndum municipal surtan efectos legales, se requiere que hayan votado válidamente por lo menos el 35% (treinta y cinco por ciento) del total de electores de la circunscripción consultada.

   El referéndum municipal obliga al concejo municipal a someterse a sus resultados y, en consecuencia, a dictar las normas necesarias para su cumplimiento. Pasados los tres años un mismo tema puede someterse a referéndum municipal por segunda vez.

   CONCORDANCIA:

   Constitución Política, Art. 32° inc. 3)

   Ley N° 26300, Art. 27°, 38°, 39° inc. d) y 44

   Ley N° 27783, Art. 17°

   Ley N° 26486, Art. 1°, 5° inc. i)

   ARTÍCULO 116.- JUNTAS VECINALES COMUNALES

   
   

   Los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los regidores, o a petición de los vecinos, constituyen juntas vecinales, mediante convocatoria pública a elecciones; las juntas estarán encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su creación. Las juntas vecinales comunales, a través de sus representantes acreditados, tendrán derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.

   El concejo municipal aprueba el reglamento de organización y funciones de las juntas vecinales comunales, donde se determinan y precisan las normas generales a que deberán someterse.

   CONCORDANCIA:

   D.S. N° 023-2005-VIVIENDA, Art. 184

   ARTÍCULO 117.- COMITÉS DE GESTIÓN

   Los vecinos tienen derecho de coparticipar, a través de sus representantes, en comités de gestión establecidos por resolución municipal para la ejecución de obras y gestiones de desarrollo económico. En la resolución municipal se señalarán los aportes de la municipalidad, los vecinos y otras instituciones.

   CONCORDANCIA:

   D.S. N° 005-2005-MIMDES, Art. 2° D.S. N° 005-2006-MIMDES, Art. 2

   Ley N° 27783, Art. 17°

   ARTÍCULO 118.- DERECHO DE DENUNCIAR INFRACCIONES Y A SER INFORMADO

   Los vecinos tienen el derecho de formular denuncias por escrito sobre infracciones, individual o colectivamente, y la autoridad municipal tiene la obligación de dar respuesta en la misma forma en un plazo no mayor de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabilidad directa del funcionario, regidor

   o alcalde, según sea el caso, y a imponer las sanciones correspondientes o, en caso pertinente, a declarar de manera fundamentada la improcedencia de dicha denuncia.

   La municipalidad establecerá mecanismos de sanción en el caso de denuncias maliciosas.

   El vecino tiene derecho a ser informado respecto a la gestión municipal y a solicitar la información que considere necesaria, sin expresión de causa; dicha información debe ser proporcionada, bajo responsabilidad, de conformidad con la ley en la materia.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 27806, Art. 3°, 7°, 8°, 9°, 10° y 15° Ley N° 27783, Art. 17°

   ARTÍCULO 119.- CABILDO ABIERTO

   El cabildo abierto es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo, convocada con un fin específico. El concejo provincial o el distrital, mediante ordenanza reglamentará la convocatoria a cabildo abierto.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 26300, Art. 2°, inc. e; Art. 7° Ley N° 27783, Art. 17°

   ARTÍCULO 120.- PARTICIPACIÓN LOCAL DEL SECTOR EMPRESARIAL

   
   

   Los empresarios, en forma colectiva, a través de gremios, asociaciones de empresarios, u otras formas de organizaciones locales, participan en la formulación, discusión, concertación y control de los planes de desarrollo económico local.

   CAPÍTULO III

   LOS DERECHOS DE CONTROL VECINAL A LOS GOBIERNOS LOCALES ARTÍCULO 121.- NATURALEZA

   Los vecinos ejercen los siguientes derechos de control:

   1. Revocatoria de autoridades municipales

   2. Demanda de rendición de cuentas

   CONCORDANCIA:

   Constitución Política, Art. 31°, 194° Ley N° 26300, Art. 3° inc. A

   ARTÍCULO 122.- REVOCATORIA DEL MANDATO

   El mandato de los alcaldes y regidores es irrenunciable conforme a ley y revocable de acuerdo a las normas previstas en la Constitución Política y la ley en la materia.

   TÍTULO IX

   LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y CONFLICTOS DE COMPETENCIAS CAPÍTULO I

   LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES

   ARTÍCULO 123.- RELACIONES DE LOS GOBIERNOS LOCALES

   Las  relaciones  que  mantienen  las  municipalidades  con  el  Gobierno  Nacional,  los  gobiernos regionales y los poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coordinación de las acciones de competencia de cada uno, así como el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias de alcance nacional. Estas relaciones implican respeto mutuo y atención a las solicitudes que se formulen recíprocamente.

   La Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal para hacer cumplir sus disposiciones, conforme a ley.

   CONCORDANCIA:

   Constitución Política, Art. 197°

   CAPÍTULO II

   LAS RELACIONES ENTRE MUNICIPALIDADES ARTÍCULO 124.- RELACIONES ENTRE MUNICIPALIDADES

   Las relaciones que mantienen las municipalidades entre ellas, son de coordinación, de cooperación o de asociación para la ejecución de obras o prestación de servicios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus competencias y gobierno.

   CONCORDANCIA:

   
   

   Ley N° 29029, Art. 1

   ARTÍCULO 125.- REPRESENTACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES

   Las municipalidades tienen como órgano representativo a una o más asociaciones de municipalidades que se constituye conforme a las normas establecidas en el Código Civil.

   ARTÍCULO 126.- INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

   Los gobiernos locales, en función de los recursos disponibles y en coordinación con el gobierno regional, podrán formar un Instituto de Fomento Municipal para el Desarrollo Económico Local, para el fortalecimiento institucional de las municipalidades, que pueda absolver consultas técnicas, brindar información, llevar un banco de datos sobre iniciativas vecinales, realizar estudios estratégicos de  buen  nivel  profesional  y  académico a  favor  de  los  gobiernos locales  y  con orientación hacia el horizonte económico de la Macro Región.

   El Instituto de Fomento Municipal, para el cumplimiento de sus funciones, podrá suscribir convenios de cooperación con el Consejo Nacional de Descentralización.

   CAPÍTULO III

   LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS ARTÍCULO 127.- CONFLICTOS DE LAS MUNICIPALIDADES

   Los conflictos de competencia que surjan entre las municipalidades, sean distritales o provinciales, y  entre ellas y  los gobiernos regionales o  con organismos del gobierno nacional con rango constitucional son resueltos por el Tribunal Constitucional de acuerdo a su ley orgánica.

   Los conflictos no comprendidos en el primer párrafo son resueltos en la vía judicial.

   TÍTULO X

   LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO Y LAS FRONTERIZAS CAPÍTULO I

   LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS SUBCAPÍTULO ÚNICO

   LA CREACIÓN; LAS AUTORIDADES, LAS LIMITACIONES Y LOS RECURSOS

   ARTÍCULO 128.- CREACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

   Las municipalidades de centros poblados son creadas por ordenanza de la municipalidad provincial, que determina además:

   1. La delimitación territorial.

   2. El régimen de organización interior.

   3. Las funciones que se le delegan.

   4. Los recursos que se le asignan.

   5. Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias.

   ARTÍCULO  129.-  REQUISITOS  PARA  LA  CREACIÓN  DE  UNA  MUNICIPALIDAD  DE CENTRO POBLADO

   
   

   Para la creación de municipalidades de centros poblados se requiere la aprobación mayoritaria de los regidores que integran el concejo provincial correspondiente y la comprobación previa del cumplimiento de los siguientes requisitos:

   1.   Solicitud de un comité de gestión suscrita por un mínimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados en dicho centro poblado y registrados debidamente y acreditar dos delegados.

   2.   Que el centro poblado no se halle dentro del área urbana del distrito al cual pertenece.

   3.  Que exista comprobada necesidad de servicios locales en el centro poblado y su eventual sostenimiento.

   4.  Que exista opinión favorable del concejo municipal distrital, sustentada en informes de las gerencias de planificación y presupuesto, de desarrollo urbano y de asesoría jurídica, o sus equivalentes, de la municipalidad distrital respectiva.

   5.   Que la ordenanza municipal de creación quede consentida y ejecutoriada.

   Es  nula  la  ordenanza  de  creación  que  no  cumple  con  los  requisitos  antes  señalados, bajo responsabilidad exclusiva del alcalde provincial.

   ARTÍCULO 130.- PERÍODO DE ALCALDES Y REGIDORES DE CENTROS POBLADOS

   Los concejos municipales de los centros poblados están integrados por un alcalde y cinco regidores.

   Los alcaldes y regidores de centros poblados son elegidos por un periodo de cuatro años, contados a partir de su creación.

   ARTÍCULO 131.- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

   El alcalde y los regidores de las municipalidades de centros poblados son proclamados por el alcalde provincial, ratificando el resultado de las elecciones convocadas para tal fin.

   ARTÍCULO 132.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCION DEL ALCALDE Y REGIDORES DE UN CENTRO POBLADO

   El procedimiento para la elección de alcaldes y regidores de municipalidades de centros poblados se regula por la ley de la materia.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28440, Art. 1

   ARTÍCULO 133.- RECURSOS DE LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO

   Las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a entregar a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, en proporción a su población y los servicios públicos delegados,

   un  porcentaje de  sus  recursos propios  y  los  transferidos por  el  gobierno  nacional,  para  el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos delegados. La entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo responsabilidad del alcalde y del gerente municipal correspondiente.  Las   municipalidades   provinciales   y   distritales   pueden   incrementar   las transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados, previo acuerdo de sus concejos municipales.

   La ordenanza de creación o de adecuación, según sea el caso, podrá contemplar otros ingresos.

   La delegación de los servicios públicos locales que asuman las municipalidades de centro poblado puede implicar la facultad de cobrar directamente a la población los recursos que por concepto de arbitrio se encuentren estimados percibir como contraprestación de los respectivos servicios.

   
   

   La percepción de los recursos que cobren, por delegación expresa, las municipalidades de centro poblado, se entenderán como transferencias efectuadas por parte de la municipalidad provincial o distrital pertinente, para cuyo efecto, deben rendir cuenta mensualmente de los importes recaudados por dicho concepto.

   CONCORDANCIA:
   Ley N° 28458, Art. 3°
   R.D. Nª 033-2005-EF-76.01 (Directiva Nª 013-2005-EF-76.01),	Registro   de la	Estructura
   Funcional Programática, Literal a)

   ARTÍCULO 134.- RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LOS RECURSOS

   La utilización de los recursos transferidos es responsabilidad de los alcaldes y regidores de los centros poblados.

   ARTÍCULO 135.- LIMITACIONES

   No se pueden dictar ordenanzas de creación de municipalidades de centro poblado durante el último año del período de gestión municipal.

   CAPÍTULO II

   LAS MUNICIPALIDADES FRONTERIZAS SUBCAPÍTULO ÚNICO

   DEFINICIÓN, PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN

   ARTÍCULO 136.- DEFINICIÓN

   Las municipalidades de frontera son aquellas que funcionan en las provincias o los distritos limítrofes con un país vecino, por lo cual no puede tener la condición de municipio de frontera una provincia o distrito que no tenga esa condición aun cuando pertenezca a la misma región.

   ARTÍCULO 137.- INTEGRACIÓN

   Las municipalidades de frontera pueden celebrar convenios y protocolos de integración entre sí y con sus similares nacionales, con la asistencia técnica del Consejo Nacional de Descentralización, e internacionales, en este último caso con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de promover el intercambio de experiencias sobre la gestión municipal y planes de desarrollo conjunto, así como brindar o recibir apoyo financiero y asistencia técnica.

   ARTÍCULO 138.- PARTICIPACIÓN EN EL FONDO DE DESARROLLO DE FRONTERAS

   Las  municipalidades de  frontera  participan  de  la  distribución de  los  recursos  del  Fondo  de

   Desarrollo de Fronteras, que se crea por ley, la cual establece la forma en que se financia, y que tiene por finalidad prioritaria la implementación de planes de desarrollo sostenido de las fronteras.

   TÍTULO XI

   LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN ZONAS RURALES CAPÍTULO ÚNICO

   DEFINICIÓN, COMPETENCIAS Y DESARROLLO DE MUNICIPIOS EN ZONAS RURALES ARTÍCULO 139.- DEFINICIÓN

   
   

   Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya población urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por ciento) de su población total. Tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural sostenible.

   ARTÍCULO 140.- COMPETENCIAS Y TRANSFERENCIAS

   Corresponden a las municipalidades ubicadas en zonas rurales, en lo que les sea aplicable, las competencias, atribuciones, funciones, responsabilidades, derechos, deberes y obligaciones que conforme a esta ley corresponden a las municipalidades provinciales y distritales, según el caso, además de las condiciones especiales que establece el presente título.

   La condición de municipalidad ubicada en zona rural es considerada para efecto de la distribución del FONCOMUN, canon u otras transferencias de recursos a favor de ellas.

   ARTÍCULO 141.- COMPETENCIAS ADICIONALES

   Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo; en el marco de los planes de desarrollo concertado.

   ARTÍCULO 142.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

   Las municipalidades ubicadas en zonas rurales no están obligadas a adoptar la estructura administrativa básica que señala la presente ley, sin que ello suponga que no se deban ejercer las funciones previstas.

   ARTÍCULO 143.- ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

   Las Municipalidades ubicadas en zonas rurales que no cuenten con órganos de control interno a efectos del control gubernamental, deberán sujetarse a las disposiciones específicas que para tal

   efecto emita la Contraloría General de la República.

   ARTÍCULO 144.- PARTICIPACIÓN VECINAL

   Para efectos de la participación vecinal, las municipalidades ubicadas en zonas rurales deben promover a las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades nativas y afroperuanas, respetando su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del respeto a los derechos humanos. Deben igualmente asesorar a los vecinos, a sus organizaciones sociales y a las comunidades campesinas en los asuntos de interés público, incluyendo la educación y el ejercicio de los derechos humanos.

   Las municipalidades garantizarán la convocatoria a las comunidades nativas y afroperuanas para las sesiones del concejo municipal, bajo responsabilidad.

   ARTÍCULO 145.- SEGURIDAD CIUDADANA

   Para  la  elaboración del  sistema  de  seguridad ciudadana se  convocará y  concertará  con  las organizaciones sociales, vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas, los comités de autodefensa y las comunidades campesinas, nativas y afroperuanas.

   ARTÍCULO 146.- ASIGNACIÓN PRIORITARIA Y COMPENSATORIA DE FONCOMUN

   Las municipalidades ubicadas en zonas rurales tienen asignación prioritaria y compensatoria de los recursos del Fondo de Compensación Municipal.

   ARTÍCULO 147.- PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES

   Para efecto de la exigencia de publicidad de las normas emitidas por las municipalidades ubicadas en zonas rurales se podrá cumplir con tal requisito a través de carteles, emisoras radiales u otros

   
   

   medios similares, siempre que se pueda probar que se cumplió con la publicidad y la fecha o fechas en que se produjo.

   TÍTULO XII

   LA TRANSPARENCIA FISCAL Y LA NEUTRALIDAD POLÍTICA CAPÍTULO ÚNICO

   DISPOSICIONES GENERALES

   ARTÍCULO 148.- TRANSPARENCIA FISCAL Y PORTALES ELECTRONICOS

   Los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas  en  su  manejo  de  los  recursos  públicos;  dichas  normas  constituyen  un  elemento

   fundamental para la generación de confianza de la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos públicos. Para tal efecto, se aprobarán normas complementarias que establezcan mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.

   Los gobiernos locales deberán contar con portales de transparencia en Internet, siempre y cuando existan posibilidades técnicas en el lugar. En los lugares en que no se cuente con presupuesto para implementar los portales de transparencia, se cumplirá con publicar periódicamente la información respectiva a través de otro medio de comunicación social.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 27806, Art. 5°.

   ARTÍCULO 149.- TRANSPARENCIA FUNCIONAL

   Los alcaldes y regidores, así como los funcionarios y servidores de los gobiernos locales, están prohibidos de ejercer actividades inherentes a su cargo con el objeto de obtener ventajas de cualquier orden. Asimismo, están obligados a actuar imparcialmente y a no dar trato preferencial de naturaleza alguna a ninguna persona natural o jurídica.

   Los alcaldes y regidores presentarán, bajo responsabilidad, su declaración jurada de bienes y rentas, conforme a ley.

   CONCORDANCIA:

   Constitución Política, Art. 40°, 41°. Código Penal, Art. 401°

   ARTÍCULO 150.- NEUTRALIDAD POLÍTICA

   Los alcaldes y regidores, así como los funcionarios y servidores de los gobiernos locales, tienen la obligación de velar por el desarrollo de los procesos electorales sin interferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciudadanos expresen sus preferencias electorales en forma auténtica, espontánea y libre, dentro del marco constitucional y legal que regula la materia.

   Los funcionarios y servidores de los gobiernos locales, cualquiera sea su condición laboral, están prohibidos de realizar actividad política partidaria o electoral durante los procesos electorales en los horarios de oficina, bajo responsabilidad. Igualmente, dentro de esos horarios no podrán asistir a ningún comité u organización política, ni hacer propaganda a favor o en contra de una organización política o candidato en los horarios y ocasiones indicados.

   Está absolutamente prohibido el uso de la infraestructura de los gobiernos locales para realizar reuniones o actos políticos o para elaborar instrumentos de propaganda política a favor o en contra

   
   

   de organizaciones políticas o de candidatos. Asimismo, está absolutamente prohibido el uso de otros recursos del Estado para los mismos fines, incluyendo tanto los fondos obtenidos del Tesoro Público y los recursos directamente recaudados como los provenientes de las agencias de cooperación internacional. Esta prohibición se hace extensiva a los bienes y servicios obtenidos de fuentes de financiamiento de dicha cooperación.

   TÍTULO XIII

   LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA CAPÍTULO I

   DISPOSICIONES GENERALES

   ARTÍCULO 151.- RÉGIMEN ESPECIAL

   La capital de la República tiene el régimen especial del presente título, de conformidad con el artículo 198 de la Constitución.

   Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en armonía con el artículo

   198 de la Constitución y el artículo 33 de la Ley Nº  27783, Ley de Bases de la Descentralización, competencias y funciones específicas irrestrictas de carácter local metropolitano y regional.

   ARTÍCULO 152.- SEDE Y JURISDICCIÓN

   La capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la  que ejerce jurisdicción exclusiva sobre la provincia de Lima en materias municipales y regionales. En casos de discrepancias generadas por el fenómeno de conurbación provincial, la decisión final corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

   ARTÍCULO 153.- ÓRGANOS METROPOLITANOS

   Son órganos de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

   1.  El Concejo Metropolitano;

   2.  La Alcaldía Metropolitana; y

   3.  La Asamblea Metropolitana de Lima.

   Son órganos de asesoramiento:

   1.  La Junta de Planeamiento;

   2.  La Junta de Cooperación Metropolitana; y

   3.  Las Comisiones Especiales de Asesoramiento.

   ARTÍCULO 154.- MUNICIPALIDADES DISTRITALES

   La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción, en las materias de su competencia, sobre las municipalidades distritales ubicadas en el territorio de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones establecidas para las municipalidades distritales en general, en concordancia con las competencias y funciones metropolitanas especiales, con las limitaciones comprendidas en la presente ley y las que se establezcan mediante ordenanza metropolitana.

   ARTÍCULO 155.- APLICACIÓN DE DISPOSICIONES GENERALES

   Las demás disposiciones de la presente ley rigen también para la Municipalidad Metropolitana de Lima y  las municipalidades distritales de  su  jurisdicción en todo  aquello que no  se  oponga expresamente al presente título.

   
   

   CAPÍTULO II

   EL CONCEJO METROPOLITANO ARTÍCULO 156.- CONFORMACIÓN

   El Concejo Metropolitano de Lima está integrado por el alcalde y los regidores que establezca la Ley de Elecciones Municipales.

   ARTÍCULO 157.- ATRIBUCIONES

   Compete al Concejo Metropolitano:

   1.   Aprobar el Estatuto del Gobierno Metropolitano de Lima mediante ordenanza;

   2.  Dictar ordenanzas sobre asuntos municipales y regionales, dentro de su ámbito territorial, las cuales tendrán alcance, vigencia y preeminencia metropolitana;

   3.   Velar por el respeto de la Constitución, de la presente ley de desarrollo constitucional, de las ordenanzas que dicte, así como por la autonomía política, económica y administrativa del gobierno municipal metropolitano de Lima;

   4.   Crear,  modificar  y  suprimir  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y   derechos municipales;

   5.   Ejercer las atribuciones que conforme a esta ley corresponden a los concejos provinciales;

   6.   Aprobar y evaluar el Plan Regional de Desarrollo Concertado y los Planes Directores de los distritos;

   7.  Aprobar mediante ordenanza la organización y funciones de la Junta de Planeamiento Metropolitano, la  Junta de  Cooperación Metropolitana y  las Comisiones Especiales de Asesoramiento;

   8.   Aprobar mediante ordenanza las normas reguladoras del desarrollo del Centro Histórico de Lima, del Proyecto de la Costa Verde, del Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, de la Economía y Hacienda Municipal; y de otras que lo requieran;

   9.   Aprobar el Presupuesto Regional Participativo de Lima y fiscalizar su ejecución;

   10. Acordar el régimen de organización interior de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de sus órganos de gobierno y aprobar la remuneración del alcalde metropolitano y las dietas de los regidores, de acuerdo al régimen especial que le confiere la Constitución Política;

   11. Aprobar  normas  necesarias  para  implementar  la  integración  de  las  Municipalidades Distritales ubicadas en la Provincia de Lima en la Municipalidad Metropolitana de Lima, de acuerdo al  desarrollo de  los planes y  programas metropolitanos en  forma integral y armónica;

   12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de acondicionamiento territorial y urbanístico, infraestructura urbana, vivienda, seguridad ciudadana, población, salud, protección del medio ambiente, educación, cultura, conservación de monumentos, turismo, recreación, deporte, abastecimiento, comercialización de productos, transporte, circulación, tránsito y participación ciudadana, planes y programas destinados a lograr el desarrollo integral y armónico de la capital de la República, así como el bienestar de los vecinos de su jurisdicción. Los planes y programas metropolitanos relacionados con inmuebles integrantes

   
   

   del patrimonio cultural de la Nación deberán contar con opinión favorable previa del

   Instituto Nacional de Cultura;

   13. Aprobar la creación, modificación, ampliación y liquidación de empresas municipales y, en general, de personas jurídicas de derecho público, cuyo objeto social corresponda a la implementación de  las  funciones y  al  cumplimiento de  los  fines  de  la  Municipalidad Metropolitana de Lima;

   14. Aprobar la emisión de bonos e instrumentos de financiamiento cotizables y comercializables en el mercado de valores nacional e internacional;

   15. Aprobar la participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en empresas mixtas, dedicadas a la prestación de servicios públicos locales y a la ejecución de actividades municipales metropolitanas;

   16. Aprobar los planes ambientales en su jurisdicción, así como controlar la preservación del medio ambiente;

   17. Aprobar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana y crear el Serenazgo Municipal

   Metropolitano, así como reglamentar su funcionamiento;

   18. Dictar las normas necesarias para brindar el servicio de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional;

   19. Regular  la  cooperación  de  la  Policía  Nacional  para  el  cabal  cumplimiento  de  las competencias, funciones y fines de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

   20. Regular el funcionamiento de la Policía de Tránsito, de Turismo y de Ecología;

   21. Regular el funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito metropolitano;

   22. Aprobar empréstitos internos y externos, de acuerdo a ley;

   23. Aprobar el régimen de administración de bienes y rentas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como la organización de los servicios públicos locales de carácter metropolitano;

   24. Promover  y  organizar  la  activa  participación  de  los  vecinos  en  el  gobierno  de  la

   Municipalidad Metropolitana de Lima y de las municipalidades distritales que la integran;

   25. Contratar, sin aprobación previa o ratificación de  otro organismo, la atención de los servicios que no administre directamente; y

   26. Fiscalizar a la Alcaldía Metropolitana, a las empresas municipales, a los organismos públicos descentralizados  municipales,   a   los   entes   municipales   metropolitanos   y   a   las municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima.

   La presente enumeración no es limitativa; por ordenanza municipal podrán asignarse otras competencias, siempre que correspondan a la naturaleza y funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima como órgano del gobierno local de la capital de la República e instrumento fundamental de la descentralización del país.

   CAPÍTULO III

   
   

   LA ALCALDÍA METROPOLITANA

   ARTÍCULO 158.- ALCALDÍA

   La alcaldía metropolitana es el órgano ejecutivo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo titular es el alcalde metropolitano del concejo metropolitano, mediante ordenanza, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Alcaldía.

   ARTÍCULO 159.- COMPETENCIAS

   Son competencias y funciones de la alcaldía metropolitana:

   1. En materia de administración económica y financiera:

   1.1.      Administrar los bienes y rentas de la municipalidad;

   1.2.      Formular y ejecutar el presupuesto anual;

   1.3.      Formular y ejecutar el plan anual de obras e inversiones metropolitanas;

   1.4.      Organizar y actualizar permanentemente su margesí de bienes;

   1.5.      Organizar y administrar el sistema de recaudación metropolitana de ingresos y rentas; y

   1.6.      Formular y sustentar las operaciones de endeudamiento de la Municipalidad

   Metropolitana de Lima.

   2. En materia de planificación y urbanismo:

   2.1.      Dirigir el Sistema Metropolitano de Planificación y formular el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao y las reparticiones correspondientes;

   2.2.      Aprobar y normar los distintos procesos de habilitación urbana;

   2.3.      Dictar normas sobre ornato y vigilar su cumplimiento.

   3. En materia educativa, cultural y recreacional:

   3.1.      Formular el Plan de Desarrollo Educativo;

   3.2.      Promover las actividades artísticas y culturales;

   3.3.      Construir y mantener infraestructura deportiva y recreacional;

   3.4.      Promover la práctica masiva de los deportes y la recreación; y

   3.5.     Celebrar convenios de asesoría, capacitación, estudios e investigación con universidades y centros de investigación públicos y privados, nacionales o extranjeros.

   4. En materia de saneamiento ambiental:

   4.1.     Formular los planes ambientales en su jurisdicción, así como controlar la preservación del medio ambiente;

   4.2.      Conservar y acrecentar las áreas verdes de la metrópoli;

   4.3.      Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica

   ARTÍCULO 160.- FUNCIONES

   La alcaldía metropolitana tiene además a su cargo las siguientes funciones:

   1.   Regular y promover el desarrollo de las organizaciones, asociaciones y juntas de vecinos;

   2.   Disponer la delegación de funciones específicas a sus municipalidades distritales;

   
   

   3.   Nombrar a sus representantes ante los organismos o comisiones que formen los poderes públicos;

   4.   Disponer  el  despliegue  del  Cuerpo  Metropolitano  de  Vigilancia  para  garantizar  el cumplimiento de sus disposiciones; y

   5.   Resolver, en última instancia administrativa, los asuntos derivados del ejercicio de sus funciones.

   CAPÍTULO IV

   LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES METROPOLITANAS ESPECIALES ARTÍCULO 161.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES

   La   Municipalidad  Metropolitana  de   Lima  tiene   las  siguientes  competencias  y   funciones metropolitanas especiales:

   1. En materia de planificación, desarrollo urbano y vivienda

   1.1. Mantener y ampliar la infraestructura metropolitana;

   1.2. Controlar el uso del suelo y determinar las zonas de expansión urbana e identificar y adjudicar los terrenos fiscales, urbanos, eriazos y ribereños de su propiedad con fines urbanos;

   1.3. Constituir, organizar y administrar el sistema metropolitano de parques, integrado por parques zonales existentes, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales y áreas verdes ubicadas en el Cercado de Lima, en forma directa o a través de sus organismos descentralizados o de terceros mediante concesión.

   1.4. Administrar y mantener actualizado el catastro metropolitano;

   1.5. Definir, mantener y señalar la nomenclatura de la red vial metropolitana y mantener el sistema de señalización del tránsito;

   1.6. Reglamentar  el  otorgamiento  de  licencias  de  construcción;  remodelaciones  y demoliciones;

   1.7. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos;

   1.8. Diseñar y ejecutar programas de destugurización y renovación urbana; y

   1.9. Promover y controlar la prestación de servicios funerarios; y

   1.10.  Promover y controlar la prestación de servicios en casos de conmoción civil o desastre.

   2. En materia de promoción del desarrollo económico social:

   2.1.      Promover el desarrollo de empresas;

   2.2.      Promover y  controlar los  centros de  formación, capacitación y  recalificación laboral;

   
   

   2.3.      Fomentar la inversión privada en proyectos de infraestructura metropolitana que impulsen el empleo; y

   2.4.     Evaluar  los  recursos  laborales  y  mantener  actualizadas  las  estadísticas  del empleo.

   3. En materia de abastecimiento de bienes y servicios básicos:

   3.1.     Controlar el acopio, almacenamiento y distribución de los alimentos básicos, sancionando la especulación, adulteración y acaparamiento de los mismos, así como el falseamiento de las pesas y medidas;

   3.2.       Controlar el cumplimiento de las normas de calidad de la industria de alimentos y de bebidas;

   3.3.      Reglamentar y controlar el comercio ambulatorio;

   3.4.      Firmar contratos de concesión con empresas de servicios públicos locales; y

   3.5.      Supervisar los procesos de fijación de tarifas de los servicios públicos locales.

   4. En materia de industria, comercio y turismo:

   4.1.      Promover  y  regular  la  comercialización mayorista  y  minorista  de  productos alimenticios,  promoviendo  la  inversión  y  habilitación  de  la  infraestructura necesaria de mercados y centros de acopio

   4.2.      Autorizar la realización de ferias industriales y comerciales;

   4.3.      Autorizar la ubicación y disponer la reubicación de plantas industriales;

   4.4.     Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales, artesanales, de servicios turísticos y de actividades profesionales, de conformidad con la zonificación aprobada;

   4.5.      Dictar las políticas de la banca municipal para el apoyo y promoción de la micro y pequeña empresa industrial;

   4.6.      Establecer, fomentar y administrar parques y centros industriales;

   4.7.      Promover y controlar la calidad de los servicios turísticos; y

   4.8.      Colaborar con los organismos competentes, en la identificación y conservación del patrimonio histórico – monumental y urbanístico.

   5. En materia de población y salud:

   5.1.     Promover la calidad de los servicios de salud que brinden los centros de salud públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud y ESSALUD;

   5.2.      Controlar  el   cumplimiento  de   las   normas  de   higiene   y   seguridad  en establecimientos industriales, comerciales, educativos, recreacionales y en otros lugares públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud;

   5.3.      Supervisar el normal abastecimiento de los medicamentos genéricos;

   5.4.      Formular y ejecutar programas de apoyo y protección a niños y personas adultas mayores  y  personas  con  discapacidad  que  se  encuentren  en  estado  de

   abandono;

   5.5.      Supervisar la acción de las entidades privadas que brinden servicios de asistencia y rehabilitación social a grupos en riesgo, en coordinación con los órganos de gobierno competentes;

   5.6.     Promover y organizar campañas de salud preventiva y control de epidemias; en coordinación con el Ministerio de Salud;

   5.7.      Construir, equipar o administrar establecimiento de salud primaria;

   5.8.      Promover la realización de proyectos de evaluación del nivel nutrición y de apoyo alimentario a los sectores de bajos recursos; y

   5.9.      Promover y controlar la prestación de servicios funerarios.

   6. En materia de saneamiento ambiental:

   
   

   6.1.        Coordinar los procesos interinstitucionales de saneamiento ambiental que se desarrollan en su circunscripción;

   6.2.       Organizar el Sistema Metropolitano de Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos, limpieza pública y actividades conexas, firmar contratos de concesión de servicios, así como controlar su eficaz funcionamiento;

   6.3.      Fomentar la ejecución de programas de educación ecológica;

   6.4.      Controlar las epidemias que puedan afectar a la fauna de la metrópoli; y

   6.5.        Organizar y controlar la sanidad animal así como la regulación y control en la tenencia de animales domésticos.

   7. En materia de transportes y comunicaciones:

   7.1.     Planificar, regular y gestionar el transporte público;

   7.2.     Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de peatones y vehículos;

   7.3.     Planificar, regular, organizar y mantener la red vial metropolitana, los sistemas de señalización y semáforos;

   7.4.   Otorgar las concesiones, autorizaciones y permisos de operación para la p  restación de las distintas modalidades de servicios públicos de transporte de pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, así como de las instalaciones conexas;

   7.5.     Promover la construcción de terminales terrestres y regular su funcionamiento;

   7.6.       Verificar y controlar el funcionamiento de vehículos automotores, a través de revisiones técnicas periódicas; y

   7.7.     Regular la circulación de vehículos menores motorizados o no motorizados, tales como mototaxis, taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.

   8. En materia de Seguridad Ciudadana:

   8.1.      Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Metropolitano de Seguridad Ciudadana, con arreglo a la ley de la materia.

   8.2.      Crear y desarrollar, conjuntamente con el Sistema Nacional de Defensa Civil, el Plan Metropolitano de Contingencia, para la prevención y atención de situaciones de emergencia y desastres; y

   8.3.     Crear el sistema de promoción del deporte comunal y distrital, integrado por el representante de la oficina de Fomento del Deporte y el representante de la Junta Vecinal.

   CAPÍTULO V

   LA ASAMBLEA METROPOLITANA ARTÍCULO 162.- CONFORMACIÓN

   La Asamblea Metropolitana de Lima es el órgano consultivo y de coordinación de la Municipalidad Metropolitana  de  Lima,  le  corresponden,  la  coordinación  para  la  eficiente  ejecución  de  las funciones, desarrollo de planes y cumplimiento de fines de la Municipalidad Metropolitana, las funciones del Consejo de Coordinación Regional como órgano consultivo y de coordinación y las que norme la Ley. La ausencia de acuerdos por consenso en este órgano no impide al Concejo Metropolitano de Lima decidir sobre lo pertinente.

   La Asamblea Metropolitana de Lima está presidida por el Alcalde Metropolitano e integrada por los alcaldes  distritales  y  por  representantes  de  la  sociedad  civil  de  la  provincia.  El  Concejo Metropolitano de Lima, reglamentará la participación de estos últimos.

   CAPÍTULO VI

   
   

   LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO METROPOLITANO

   ARTÍCULO 163.- JUNTA DE PLANEAMIENTO METROPOLITANO

   La Junta de Planeamiento es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la formulación y evaluación de la planificación del desarrollo integral de la jurisdicción y en la gestión de los servicios públicos a su cargo. Está presidida por el Alcalde Metropolitano de Lima e integrada por alcaldes distritales y los representantes de más alto nivel de las reparticiones públicas relacionadas con las competencias y funciones específicas municipales. La integrarán también los delegados de las juntas vecinales comunales, de acuerdo a la norma municipal respectiva. El reglamento   de   organización   interior   de   la   municipalidad  determina   su   organización   y funcionamiento.

   ARTÍCULO 164.- JUNTA DE COOPERACIÓN METROPOLITANA

   La Junta de Cooperación es el órgano de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la gestión del desarrollo integral de la jurisdicción a su cargo. Está presidida por el Alcalde

   Metropolitano de Lima e integrada por los representantes de las organizaciones sociales vecinales y de Instituciones de la Cooperación Internacional. El reglamento de organización interior de la municipalidad determina su organización y funcionamiento.

   ARTÍCULO 165.- COMISIONES ESPECIALES DE ASESORAMIENTO

   Las comisiones especiales de asesoramiento son los órganos de asesoría ad-honorem constituidos por el Alcalde Metropolitano de Lima en los asuntos metropolitanos que estime necesarios. Su organización y funcionamiento se rigen con arreglo al acto administrativo que las constituye, según cada caso

   CAPÍTULO VI

   LAS RENTAS METROPOLITANAS ESPECIALES ARTÍCULO 166.- RENTAS METROPOLITANAS ESPECIALES

   Son rentas municipales metropolitanas, además de las contenidas en la presente ley, las siguientes:

   1.   Las que genere el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET), así como las empresas municipales y organismos descentralizados que la conformen.

   2.   El íntegro de las rentas que por concepto del cobro de peaje se obtengan dentro de su jurisdicción.

   3.   Las demás que determine la ley.

   DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

   PRIMERA.- La Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP -, a través de sus oficinas  registrales,  procederán a  la  regularización administrativa del  tracto  sucesivo  o  a  la prescripción adquisitiva de dominio de los bienes inscritos, de conformidad con los reglamentos que para dichos efectos emita, tomando en consideración, en lo que resulte pertinente, lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 032-99-MTC.

   Las acciones antes indicadas serán desarrolladas progresivamente y de oficio, sea directamente o por convenio con otras entidades públicas, salvo los supuestos de tramitación a pedido de parte que dispongan los reglamentos.

   
   

   Lo dispuesto se aplicará en todo aquello que no se oponga a las acciones de formalización de la propiedad a cargo del Programa Especial de Titulación de Tierras y de COFOPRI; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 2014 del Código Civil.

   SEGUNDA.- La asignación de competencias a las municipalidades provinciales y distritales a que se  refieren  los  artículos  73  y  siguientes,  se  realizará  de  manera  gradual  de  acuerdo  a  la normatividad de la materia, respetando las particularidades de cada circunscripción.

   TERCERA.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Contaduría de la Nación, la Contraloría General de la República, así como el Ministerio de Justicia, mediante decreto supremo, dictará normas especiales acordes a la realidad de las municipalidades rurales que no cuentan con los recursos humanos y económicos para aplicar las normas vigentes.

   CUARTA.- Las competencias y funciones específicas contempladas en la presente ley que se encuentren  supeditadas  al  proceso  de  descentralización establecido  en  la  Ley  de  Bases  de Descentralización, se cumplirán progresivamente conforme se ejecuten las transferencias de la infraestructura, acervo, recursos humanos y presupuestales, y cualquier otro que correspondan, dentro del marco del proceso de descentralización.

   QUINTA.- El Consejo Nacional de Descentralización, en coordinación con los sectores, iniciará en el año 2003 el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos locales de los fondos y proyectos sociales, así como de los programas sociales de lucha contra la pobreza.

   SEXTA.- En concordancia con los principios y criterios de gradualidad, neutralidad y de provisión contenidos en los artículos 4, 5 y 14 de la Ley Nº  27783, Ley de Bases de Descentralización, las transferencias de recursos económicos del gobierno nacional a los gobiernos locales, se incrementarán en cada ejercicio fiscal, de acuerdo al avance del proceso de descentralización. Los gobiernos locales adoptarán acciones administrativas orientadas a incrementar sus ingresos propios en función a lo que se disponga en la Ley de Descentralización Fiscal.

   Para el ejercicio fiscal 2004, el incremento de las transferencias permitirá a los gobiernos locales, una participación no menor al 6% (seis por ciento) del total del Presupuesto del Sector Público. A partir del año 2005, y por un lapso de 4 (cuatro) años, esta participación se incrementará anualmente hasta alcanzar no menos del 12% (doce por ciento) del total del Presupuesto del Sector Público.

   SÉTIMA.-  Para  asegurar que  el  proceso de  transferencia se  realice  en  forma progresiva y ordenada, el Poder Ejecutivo constituirá, dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley, Comisiones Sectoriales de Transferencia, presididas por los viceministros de los sectores correspondientes.

   Las comisiones sectoriales de transferencia propondrán, hasta el último día útil del mes de febrero de cada año, los planes anuales de transferencia, los mismos que serán presentados al Consejo Nacional de Descentralización.

   Hasta el  último día  útil  del mes de  marzo del año correspondiente el  Consejo  Nacional de Descentralización evaluará y articulará los planes sectoriales y coordinará la formulación del plan anual de transferencia de competencias sectoriales a las municipalidades, el mismo que será presentado para  su  aprobación por  decreto supremo,  con  el  voto  favorable del  Consejo de Ministros.

   OCTAVA.- Los predios que correspondan a las municipalidades en aplicación de la presente ley se inscriben en el Registro de Predios por el sólo mérito del acuerdo de concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren inscritos a favor de terceros.

   
   

   En este único supuesto, la regularización de la titularidad municipal estará exonerada del pago de derechos registrales, siempre que se efectúe en el plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley.

   NOVENA.- Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se aprobará el listado de las municipalidades rurales.

   DÉCIMA.-  Las  funciones de  la  Municipalidad Metropolitana de  Lima  en  materia regional se determinan en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

   DÉCIMO PRIMERA.- La ejecución de obras e instalación de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria con excretas y electrificación hecha  con aportes de la población, constituyen patrimonio de la municipalidad donde se ejecutaron las mismas. Por tanto la entidad prestadora que opera en esa localidad, recepcionará dicha infraestructura con carácter de contribución reembolsable.

   Este reembolso podrá hacerse a través de la transferencia de acciones, bonos u otras modalidades que garanticen su recuperación real.

   Los recursos que obtengan las municipalidades por dicho concepto deberán ser utilizados en obras dentro de su jurisdicción, bajo responsabilidad.

   DÉCIMO SEGUNDA.- Las municipalidades de centros poblados creadas a  la vigencia de  la presente ley adecuan su funcionamiento, en lo que sea pertinente, a las normas dispuestas en la presente ley.

   Los centros poblados creados por resoluciones expresas se adecuan a lo previsto en la presente Ley, manteniendo su existencia en mérito a la adecuación respectiva y las ordenanzas que sobre el particular se expidan.

   El período de los alcaldes y regidores de los centros poblados existentes se adecua a lo previsto en la presente ley.

   Confrontar con la Única Disposición Complementaria de la Ley N° 28458, publicada el

   09-01-2005.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28440, 1ra. Disp. Comp.

   DÉCIMO TERCERA.- Tratándose de predios respecto de los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los tributos municipales que se calculan en base al valor de autovalúo de los mismos o al costo de servicio prestado, se reputarán como válidos los pagos efectuados al municipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio según inscripción en el registro de propiedad inmueble correspondiente. En caso de predios que no cuenten con inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente.

   La validación de los pagos, conforme a lo anterior, tendrá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites existente, de manera tal que a partir del año siguiente a aquél en que se defina el conflicto de límites, se deberá tributar al municipio a cuya jurisdicción se haya atribuido el predio.

   A partir del día de publicación de la presente norma, se dejará sin efectos todo proceso de cobranza iniciado respecto de tributos municipales por los predios ubicados en zonas de conflicto

   
   

   de jurisdicción, a la sola acreditación por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo a los párrafos precedentes de este artículo.

   CONCORDANCIA:

   Ley N° 28374, Art. 4

   DÉCIMO CUARTA.- Los propietarios de edificaciones que hayan sido construidas sin  licencia de construcción y/o en terrenos sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciembre de 2003, podrán regularizar su situación, sin pago de multas ni otras sanciones, hasta el 31 de diciembre de 2005, mediante el procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la Ley Nº 27157 y normas reglamentarias.

   Disposición complementaria modificada por la Ley 28437, publicada el 28-12-2004.

   DÉCIMO QUINTA.- El sistema de acreditación de los gobiernos locales es regulado por ley, con votación calificada, sobre la base de la propuesta técnica elaborada por el Consejo Nacional de Descentralización.

   CONCORDANCIA:

   Ley Nº 28273

   DÉCIMO SEXTA.- Las municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los previstos en la presente ley y regularán mediante ordenanza los mecanismos de aprobación de sus presupuestos participativos.

   DÉCIMO SÉTIMA.- Las deudas provenientes de aportes a las diferentes entidades del Estado que se encuentren pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2002 podrán reprogramarse, refinanciarse o reestructurarse, con un plazo no menor a los cuatro años ni mayor a los diez años. Los términos y condiciones del fraccionamiento especial a favor de los municipios, se determinará por libre acuerdo entre las partes.

   DÉCIMO OCTAVA.- Las municipalidades que tengan a su cargo beneficiarios del Decreto Ley Nº

   20530, deberán priorizar el pago oportuno de sus pensiones pendientes o por generarse; para tal efecto y cuando estas no puedan ser cubiertas con los otros ingresos de sus presupuestos, deberán disponer de  hasta el diez por ciento de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Incurren en responsabilidad los Concejos que contravengan lo dispuesto en el presente párrafo.

   DÉCIMO NOVENA.- Para la implementación de los portales electrónicos el Consejo Nacional de

   Descentralización diseñará un software con una estructura uniforme para todas las municipalidades.

   VIGÉSIMA.- Las municipalidades provinciales o distritales, por única vez, con acuerdo adoptado por dos tercios de los miembros del concejo municipal, podrán declararse en emergencia administrativa o financiera, por un plazo máximo de noventa días, con el objeto de hacer las reformas, cambios o reorganizaciones que fueran necesarias para optimizar sus recursos y funciones, respetando los derechos laborales adquiridos legalmente.

   VIGÉSIMO PRIMERA.- Los fondos municipales de inversión se mantienen vigentes y se rigen por su ley de creación.

   VIGÉSIMO SEGUNDA.- Cuando la gestión financiera y presupuestaria de los gobiernos locales comprometa gravemente la estabilidad macroeconómica del país, podrán dictarse medidas extraordinarias en materia económica y financiera conforme inciso 19) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.

   
   

   VIGÉSIMO TERCERA.- Hasta la entrada en vigencia de la Ley de Descentralización Fiscal los recursos mensuales que perciben las municipalidades por concepto del Fondo de Compensación Municipal no podrán ser inferiores al monto equivalente a 8 UIT vigentes a la fecha de aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.

   VIGÉSIMO CUARTA.- En concordancia con el artículo 125 de la presente Ley, se mantiene la vigencia de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE.

   VIGÉSIMO  QUINTA.-  Derógase  la  Ley  Nº     23853  que  aprueba  la  Ley  Orgánica  de Municipalidades, sus normas legales complementarias y toda disposición legal que se oponga a la presente ley, en lo que corresponda.

   Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. En Lima, a los seis días del mes de mayo de dos mil tres.

   CARLOS FERRERO

   Presidente del Congreso de la República

   JESÚS ALVARADO HIDALGO

   Primer Vicepresidente del Congreso de la República

   AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO:

   Mando se publique y cumpla.

   Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil tres.

   ALEJANDRO TOLEDO

   Presidente Constitucional de la República

   LUIS SOLARI DE LA FUENTE Presidente del Consejo de Ministros