Régimen de Incompatibilidades en el Sector Público y Privado

A. Régimen de Incompatibilidad para Actividades Públicas

La Ley 53/1984 establece limitaciones para desempeñar un segundo puesto o actividad en el sector público. Principalmente, se permite en los ámbitos de docencia y sanidad, y en casos específicos determinados por el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, por razones de interés público. En estos últimos casos, la actividad adicional solo podrá ser en régimen laboral, a tiempo parcial y con duración determinada.

• Es indispensable la autorización previa y expresa de compatibilidad para ejercer una segunda actividad.
• La autorización se basa en el interés público.
• El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con la percepción de una pensión de jubilación o retiro por Derechos Pasivos o cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio, si corresponden a puestos incompatibles.
• En el ámbito laboral, la pensión de jubilación parcial es compatible con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

B. Régimen de Incompatibilidad para Actividades Privadas

El personal sujeto a esta Ley tiene restricciones para ejercer actividades privadas, incluyendo:

1. Desempeño de actividades privadas, profesionales o no, por cuenta propia o ajena.
2. Actividades profesionales para personas a las que se atiende en el puesto público.
3. Pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas relacionadas con el organismo donde presta servicios.
4. Desempeño de cargos en empresas o sociedades concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público.
5. Participación superior al 10% en el capital de las empresas mencionadas anteriormente.
6. Actividades privadas que requieran presencia efectiva durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria en las Administraciones Públicas.
7. No se concederá compatibilidad para actividades privadas a quienes ya tengan compatibilidad autorizada para un segundo puesto o actividad pública, si la suma de las jornadas es igual o superior a la máxima permitida en las Administraciones Públicas.

Evolución del Estado de Bienestar en España

España ha desarrollado un sistema de protección social de tamaño medio en comparación con otros países de la Unión Europea. Este sistema es fundamental para la reproducción social y la legitimación política. Desde su integración en la Comunidad Europea (1986) y, especialmente, a partir de la Constitución de 1978, el modelo de bienestar español se caracteriza por:

1. Confluencia en el gasto social con la media de sus socios europeos.
2. Universalización de los derechos sociales (educación, salud, pensiones).
3. Un profundo proceso de descentralización política y administrativa.

España también ha experimentado tendencias de privatización del bienestar. Sin embargo, se observa un crecimiento del papel del Estado en la esfera del bienestar, con reformas de universalización en educación, salud y pensiones implementadas tras la transición a la democracia.

El Gasto Público en España: Evolución y Comparativa

El gasto público en España creció significativamente entre 1970 y 1980, superando el crecimiento de otros países de la OCDE en el mismo período. Según datos de la OCDE:

• 1975: 26% del PIB.
• 1995: 47% del PIB.

A finales de los 80, el gasto público per cápita en España, medido en paridad de poder adquisitivo, era similar al de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. Según Eurostat, entre 1980 y 1992, los países del sur de Europa aumentaron su gasto social por encima de la media de la UE-12 (2,7% del PIB):

• Grecia: 7,1%
• Italia: 6,2%
• Portugal: 2,9%
• España: 4,4%

En España, las partidas de enfermedad, vejez y desempleo constituyen la mayor parte del gasto social. La financiación proviene principalmente de las contribuciones de empleadores y empleados. En los 90, hubo una transferencia gradual de fondos públicos del presupuesto nacional a la seguridad social, especialmente para pensiones no contributivas y atención sanitaria.

Universalización de los Derechos Sociales

La implantación del Estado del Bienestar se manifestó en la universalización de:

• Servicios de Salud
• Pensiones
• Educación

Servicio de Salud

La Ley General de Sanidad de 1986 fue clave:

• Creó el Servicio Nacional de Salud.
• Estableció el derecho a la asistencia sanitaria para todos los españoles y ciudadanos extranjeros residentes en España.

La cobertura del sistema de salud fue casi total en los años 90. La financiación era principalmente pública (tres cuartas partes), complementada con pagos directos para atención privada y medicamentos. La financiación pasó de las contribuciones a los impuestos:

• 1980: 82% por contribuciones sociales.
• 1993: 20% por contribuciones sociales.

Este cambio buscaba la universalización y la equidad. Sin embargo, la expansión de la cobertura no se correspondió con aumentos equivalentes en recursos; el aumento del gasto público en salud entre 1980 y 1993 fue solo del 0,4%.

Pensiones

Desde principios de los 80, hubo un fuerte crecimiento del gasto social. En 1998, se produjo un gran aumento en las pensiones, y a finales de esa década, en las prestaciones por desempleo. La Ley de Pensiones no Contributivas de 1990 universalizó la cobertura para mayores de 65 años y pensiones por invalidez.

Entre 1980 y 1992:

• El número de pensionistas aumentó en 2,6 millones.
• El gasto total pasó del 5,9% al 8,6% del PIB.
• La cuantía de las pensiones de seguridad social aumentó del 66,5% al 93,3% del salario mínimo.
• Las pensiones no contributivas (asistencia social) eran el 53,3% del salario mínimo en 1992.

Comparativa de crecimiento con otros países (1980-1992):

• Italia: 77,6%
• Grecia: 78,8%
• España: 47,3%

La preocupación por el aumento de las pensiones llevó a modificar los criterios de revalorización y endurecer los requisitos para las pensiones contributivas. Criterios más restrictivos para la discapacidad redujeron el aumento de este tipo de pensiones hasta 1985.

Educación General y Básica

La universalización del sistema educativo resultó en una cobertura del 100% para la población de 4 a 16 años. En 1992, la cobertura educativa de las mujeres era mayor para los grupos de edad entre 16 y 29 años (63% de mujeres frente a 53% de hombres). Hubo una diferencia significativa entre géneros en el grupo de 20 a 24 años entre 1980 y 1992. Las reformas educativas tuvieron un impacto significativo en el bienestar, con efectos redistributivos evidentes incluso años después de su implementación.

Incorporación de la Mujer al Trabajo

Otro factor relevante es la evolución de la participación de la mujer en el trabajo. La generación nacida entre 1950 y 1970 se caracteriza por mujeres con mayor instrucción, lo que provoca un aplazamiento de la maternidad. Las tasas de matrimonio han disminuido debido al desempleo y a la dificultad para conciliar las expectativas laborales con los crecientes costes de vida, especialmente en zonas urbanas. Estas transformaciones en los modelos familiares son similares a las de otros países del sur de Europa, reflejando actitudes ambivalentes de las mujeres hacia la familia.